La Conselleria ha remitido un protocolo a los servicios sociales de atención primaria y a las unidades de trabajo social sanitario
La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha explicado que su departamento ha elaborado un protocolo que vela por la protección de los niños, niñas y adolescentes que queden desprotegidos porque sus padres, madres o las personas tutoras, acogedoras o cuidadoras que se hacen cargo de ellos resulten afectadas por COVID-19 y no puedan atenderles.
El protocolo, elaborado desde la Dirección General de Infancia y Adolescencia y remitido a los servicios sociales de atención primaria y a las unidades de trabajo social sanitario, será de aplicación en aquellos casos en los que las personas progenitoras o tutoras estén hospitalizados o hayan quedado aisladas en sus domicilios, sin posibilidad de prestar atención a los niños o niñas.
La vicepresidenta ha señalado que el objetivo es «estar preparados por si se produce alguna situación de estas características», y ha añadido que en la elaboración del mismo se ha primado que la persona menor de edad pueda quedarse en su entorno conocido, «primando las intervenciones en su propio medio escolar, social y familiar» y preservando «las relaciones interpersonales», manteniendo unidos a los hermanos y hermanas en las medidas de protección que se adopten.
«En todos los casos se contará con la colaboración de la persona protegida y de su familia», afrontando la toma de decisiones desde «el consenso», ha indicado, y ha puntualizado que en este sentido se garantiza el derecho de las personas menores de edad a recibir «de forma accesible y adaptada a las circunstancias información sobre su situación y de las medidas de protección» que se le van a garantizar.
La intervención, que se realizará en aquellos casos que lo requieran, será mínima y proporcionada, «evitando cualquier injerencia innecesaria en la vida de la persona protegida y de su familia», ha garantizado la vicepresidenta, y ha indicado que por ese motivo siempre que sea posible se contactará con la familia más allegada para que se hagan cargo de los niños o niñas que se encuentren desprotegidos.
Oltra ha señalado que, en aquellos casos en los que no exista una alternativa de atención en el entorno, se valorará si es posible ejercer la guarda mediante un acogimiento familiar de urgencia y, solo en los casos en los que resulte imposible, se derivará a los niños, niñas y adolescentes a una de las unidades de convivencia previstas para esta situación.
Unidades de convivencia
Las unidades de convivencia se han planteado como «un espacio amigable basado en la creación de un ambiente hogareño, confortable y cálido, con una equipación y decoración adecuada al uso a que se destina, y a las edades de las personas menores de edad que allí residan», ha manifestado la vicepresidenta, quien ha explicado que el diseño de las mismas está inspirado en el nuevo modelo residencial para la infancia y la adolescencia en situación de desprotección puesto en marcha la pasada legislatura.
Se respetarán, en todo momento, la religión, identidad de género, identidad cultural y otras opciones personales, siempre y cuando sean compatibles con la Convención de los Derechos del Niño y se garantizará la participación de los niños y niñas durante todo el proceso, estableciendo mecanismos y espacios de participación adaptados a su edad y madurez.
Asimismo, se le asignará una persona de referencia dentro de la unidad de convivencia para establecer un vínculo de afecto y seguridad con la persona acogida y para evitar que esta tenga que explicar en diferentes ocasiones su situación o información personal, ha indicado la vicepresidenta.
Oltra ha incidido en que se trabajará para que la estancia en el recurso sea «lo más parecido en el día a día en el hogar familiar».
En este sentido, se le permitirá llevarse sus enseres personales con el fin de hacer más suyo el espacio de convivencia y se habilitarán los medios necesarios para mantener contacto con sus familiares, amistades y red de apoyo.
El protocolo también contempla la realización de un plan individualizado de estancia que permita minimizar el impacto emocional y psicológico, y en el que se incluirán salidas en el caso de niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales, como puedan ser conductas disruptivas o trastorno del espectro autista, entre otros.
Comunicación a la Fiscalía
El protocolo establece que en todos los casos, todas las medidas adoptadas serán comunicadas a la Fiscalía de Menores de la provincia correspondiente, y también incluye recomendaciones para los y las profesionales sobre cómo afrontar la situación tanto en el caso de los niños o niñas como de los y las adolescentes.
La vicepresidenta ha incidido en que el trabajo que se realice en estos casos, como el que se hace en cualquier política dirigida a personas menores de edad, se basa en «un trato personalizado, afectivo, digno y respetuoso».
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