El documento que confirmaría la existencia de un contrato B ha sido presentado por Los Verdes ante el juzgado que investiga desde 2005 un presunto delito de tráfico de influencias en la venta de unos terrenos en Almoradí
Los concejales de Los Verdes, José Manuel Dolón y José Hurtado presentaron hoy ante los medios de comunicación un documento privado firmado por el ex alcalde Pedro Ángel Hernández Mateo con los administradores de Edén del Mar en el que se reconoce que el precio de compraventa de la Finca de San Miguel de Salinas que se entregó a Hernández Mateo como primer pago por la venta de los terrenos de Almoradí, vendidos en más de cinco millones de euros, por el que Hernández Mateo se encuentra imputado por una presunto delito de tráfico de influencias.
Según el documento en poder de Los Verdes, que ya ha sido entregado al juzgado que investiga estos hechos, Pedro Hernández Mateo reconoce que el valor de esta compraventa es de 1.233.000 euros, aunque el precio que figura en la escritita pública es de 601.102, 10 euros, por lo que se habría escondido al fisco un incremento de más de 600.000 euros en su patrimonio, evitando así el pago de una sustanciosa suma de dinero por las impuestos derivados de la compraventa y los impuestos por el incremento de patrimonio, lo que para Los Verdes es un importante agravio al erario público con el que se sustenta el estado del bienestar.
El documento, al que han tenido acceso los medios de comunicación, recoge la firma de Hernández Mateo aceptando y dando su conformidad a la cantidad pagada – 1.233.000 Euros – en el momento de valorar la suya, mientras que en la escritura pública de venta de su finca de Almoradí al Grupo de Edén del Mar – La Cañaica Larga –, sólo figura la suma de 601.012,10 Euros, lo que confirmaría la veracidad y autenticidad del segundo contrato, sin firmar, que obra en poder del Juzgado y de la Fiscalía.
Esta nueva prueba con otras que desde Los Verdes se pretende corroborar, podría ser determinante, aseguran los portavoces de la formación ecologista, para el desenlace del procedimiento judicial que desde el año 2005 se sigue en el Juzgado de Instrucción número 4 de Torrevieja, no sólo por su carácter penal, sino también por su trascendencia fiscal, ya que estaríamos hablando de la ocultación a Hacienda de más de 630.000 Euros en la operación de la adquisición de la Finca de San Miguel, que en caso de confirmarse, superaría en más de 3 millones de Euros la operación de la Finca de Almoradí, tal y como consta en la escritura notarial de compraventa.
En caso de confirmarse esta nueva línea de investigación, «no estaríamos hablando ya de un presunto delito de tráfico de influencias, sino que lo estaríamos hablando ante delitos tipificados como blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y otros delitos fiscales», concluye José Manuel Dolón, aunque los delitos fiscales podrían haber prescrito.
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