La alcaldesa de Orihuela se compromete a adquirir lo antes posible los terrenos adyacentes para poder llevar a cabo el proyecto
La Consellera de Justicia, Interior y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, Gabriela Bravo, se ha reunido esta tarde con la Alcaldesa de Orihuela, Carolina Gracia, así como con el vicealcalde, José Aix, con el fin de analizar la actual situación del proyecto de ampliación del Palacio de Justicia de Orihuela, alcanzando el compromiso de agilizar los trámites para que este proyecto sea una realidad lo antes posible.
Tras la reunión, Carolina Gracia ha agradecido a la Consellera de Justicia el hecho de haber sido la primera responsable del Consell que visita la ciudad para una reunión de trabajo desde el cambio de gobierno el pasado 25 de abril. “Gracias por estar aquí, y sobre todo por todo lo hecho desde que está en este cargo. Saben que siempre que vienen representantes del gobierno valenciano a Orihuela lo han hecho para ofrecer soluciones, para traer realidades y para cumplir con los acuerdos establecidos”.
En este sentido, la alcaldesa de Orihuela ha recordado que en lo relacionado con la ampliación de los juzgados “en 2017 la Generalitat cumplió con Orihuela en todas lo puntos del convenio. Lo que ha faltado hasta ahora ha sido el compromiso del ayuntamiento a la hora de adquirir unas parcelas necesarias para que se pueda ampliar el actual edificio”.
Es por esto que Carolina Gracia ha anunciado que desde el nuevo equipo de gobierno “vamos a hacer todo lo posible para que pronto se pueda llevar a cabo esa parte del acuerdo, que la Conselleria disponga de esa parcela y que se pueda cuanto antes ampliar y mejorar el espacio de trabajo de los juzgados”.
La Consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo, ha comenzado su intervención felicitando a Carolina Gracia como alcaldesa y al nuevo equipo de gobierno, al que ha deseado “mucha suerte y mucho acierto en esta etapa que queda hasta final de la legislatura”. Del mismo modo, ha agradecido “la voluntad del ayuntamiento de mantener esta reunión de forma inmediata en cuanto se les solicitó por parte de la Conselleria”.
En relación a la ampliación de los juzgados de Orihuela, Bravo ha explicado que desde octubre del año 2020 que se culminó la compraventa por parte de la Generalitat de la sede judicial donde están ubicados los juzgados de Orihuela, “estamos pendientes de que el consistorio cumpliera con su compromiso que se adquirió desde el convenio de 2017”.
Así, Bravo ha explicado que, en este convenio para la ampliación de los juzgados, “por fin la Generalitat resolvía todos los problemas que veníamos arrastrando desde etapas anteriores por la mala gestión del Partido Popular. Cumplimos con nuestro compromiso, no solamente pagamos el alquiler, adquirimos posteriormente la nueva sede judicial y el Ayuntamiento se comprometió a cedernos dos parcelas que nos permitirían ampliar el palacio de justicia de Orihuela, pasando de una extensión 3900 m² a 7500 m², lo que casi duplica su volumetría”.
“Esto, no solamente facilitaría que quienes están trabajando allí tengan mejores condiciones, sobre todo en lo que afecta a la fiscalía, sino sobre todo acabar con la dispersión, porque ahora mismo tenemos juzgados que están fuera de la sede judicial”, ha afirmado la Consellera.
En este sentido, la responsable autonómica de Justicia, ha relatado que desde octubre de 2020 que la Generalitat cerró ese contrato de compraventa, “hemos requerido en distintas ocasiones al ayuntamiento para que cumpliera con su compromiso de adquisición de las parcelas que necesitábamos para poder poner en marcha la ampliación del edificio y, sin embargo, no dieron cumplimiento a su palabra. La respuesta fue el silencio”.
Es por esto que Bravo ha reiterado el agradecimiento al nuevo equipo de gobierno por su voluntad de intentar solucionar este problema lo antes posible porque, como así ha señalado, “creo que Orihuela se merece un Palacio de Justicia que permita ubicar todos los juzgados, que permita ceder espacio incluso para poder ampliar el número de órganos judiciales y, sobre todo, que garantice la calidad y las condiciones dignas tanto para las personas que trabajan en la sede judicial como a la propia ciudadanía que acude todos los días a las instalaciones”.
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