El concejal ecologista asegura que el PP conocía la existencia de la basura soterrada en La Murada pero miró para otro lado «porque estaba en juego su campaña»
El concejal de Los Verdes, Manuel Gallud, ha revelado esta mañana que la Concejalías de Medio Ambiente y Aseo Urbano del Ayuntamiento de Orihuela han recibido desde 2011 «amenazas veladas» por parte de la Conselleria de Medio Ambiente con el objetivo de que retiraran la denuncia por los enterramientos ilegales en parcelas de La Murada, interpuesta hace tres años por el entonces edil ecologista Manuel Culiañez.
Gallud ha realizado estas declaraciones tras conocerse esta semana que la juez titular del Juzgado de Instrucción número 3 ha dado por concluida la fase de Instrucción de este caso y ha abierto procedimiento abreviado contra siete personas y cinco empresas, entre las que figuran el empresario oriolano Ángel Fenoll y su hijo Antonio Ángel Fenoll y la empresa Proambiente.
El edil ecologista se ha felicitado por estas imputaciones logradas por el equipo de gobierno de Los Verdes y PSOE y ha arremetido contra la Conselleria tras asegurar que han sufrido intentos por su parte de amedrentarlos para que no siguieran adelante con la denuncia. En concreto, Gallud ha asegurado que desde el área que dirige la consellera Isabel Bonig se le sugirió al Ayuntamiento oriolano que si retiraban la denuncia por los enterramientos ilegales la Conselleria «tomaría cartas en el asunto».
El concejal de Los Verdes ha dicho además que el PP de Orihuela tenía conocimiento de que se estaba enterrando basura en fincas de La Murada desde la última legislatura de José Manuel Medina como alcalde como así atestiguan, ha asegurado, las actas de varios Plenos de la época en los que concejales de la oposición mostraron fotografías de la zona.
«El PP ha mirado para otro lado porque estaba en juego su campaña electoral», ha denunciado al tiempo que ha indicado que es «imposible» que se haya enterrado más de un millón de toneladas de basura –según el auto de la jueza instructora del caso- bajo el desconocimiento de los populares.
Gallud ha acusado a los responsables de los enterramientos, que los determinará el proceso judicial, de «atentar contra la salud pública» porque «como médico puedo decir que lo que hay enterrado en esas fincas es tóxico y cancerígeno».
El ecologista confía en que la Justicia llegue hasta el final del caso y ordene a los responsables de los enterramientos la restitución de los de terrenos, actualmente inundados de lixiviados.
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