Además, la edil de Grandes Proyectos ha desvelado también la falta de comunicación de la Conselleria de Infraestructuras con las empresas adjudicatarias del Plan Edificant, las cuales no tienen respuesta alguna en las reclamaciones formuladas por la misma
La concejala de Contratación y Grandes Proyectos, Sabina-Goretti Galindo, ha remitido esta semana una carta a la Conselleria de Infraestructuras con la finalidad de reclamar a la administración autonómica los pagos retrasados en las obras del Plan Edificant, así como unanimidad en los criterios técnicos para la aprobación de licencias y tramitación de la documentación requerida a las empresas.
Galindo ha explicado que desde el inicio de las obras en 2020, “son varios los inconvenientes a los que este Ayuntamiento, concretamente la Concejalía de Grandes Proyectos, se ven obligados a afrontar, ya que a finales de 2020 y principios de 2021 se remitieron 69 certificaciones de obra, de las cuales sólo se aprobaron 4, y sin que ninguna de las mismas hubieran sido abonadas a la empresa adjudicataria”.
La edil oriolana ha recordado que en julio de 2021, la Generalitat Valenciana (sólo en el municipio de Orihuela) adeudaba a las empresas la cifra de hasta 2.697.761 euros. Sin embargo, seis meses después se abonaron 2 millones de euros, pero a partir de ahí “los retrasos en el pago de las empresas adjudicatarias de los distintos proyectos del Plan Edificant ha empeorado considerablemente, superando el plazo de los seis meses”.
Por otra parte, la edil oriolana ha destacado que otros de los inconvenientes que hace que el retraso aumente considerablemente es la falta de criterios unificados en la tramitación de las certificaciones. “Es incomprensible que dependiendo del funcionario que tenga asignado el expediente, se exijan unos determinados criterios de validación que para otro expediente de Edificant, asignado a otro funcionario distinto, no se exija”, ha denunciado Galindo. En este sentido ha insistido también que “no entendemos que unas certificaciones sean rápidamente aceptadas y para otras certificaciones de distinto titular, la demora supere el año cuando el personal del Ayuntamiento de Orihuela realiza todas las certificaciones con la misma diligencia y forma de proceder”.
Además, la edil de Grandes Proyectos ha desvelado también la falta de comunicación de la Conselleria de Infraestructuras con las empresas adjudicatarias del Plan Edificant, las cuales no tienen respuesta alguna en las reclamaciones formuladas por la misma.
Galindo también ha criticado los cambios de criterio respecto a la documentación técnica que se debe subir a la plataforma, como es el caso de las Actas de Recepción, debido a que en algunos casos fueron paralizadas durante meses por la Generalitat Valenciana “y tiempo después se nos comunicó que no eran correctas, que debían incluir el importe de la adjudicación, por lo que tuvimos que repetir todo el trabajo, lo que supuso un grave prejuicio a las empresas que vieron demorado su pago y para nuestros servicios técnicos que tuvieron que volver a realizar el trabajo ya hecho, por lo que esta inseguridad jurídica es inasumible para las empresas y para los servicios técnicos del ayuntamiento”.
En este sentido, la edil oriolana ha manifestado también que tal demora y manera de actuar por parte de la Conselleria de Infraestructuras, no sólo pone en peligro la estabilidad económica de las empresas adjudicatarias, haciendo que asuman ellas el coste de las obras, sino que ponen en peligro la ejecución de las obras en marcha y de las que están pendientes de adjudicar, “ya que nos consta que algunas mercantiles están sopesando paralizar o abandonar las obras licitadas ante la imposibilidad de seguir soportando unilateralmente el coste de su ejecución y ante la falta de responsabilidad del Consell incapaz de contestar al teléfono a las llamadas de las empresas y de este ayuntamiento”.
Por todo ello, Sabina-Goretti Galindo reclama en su escrito el pago inmediato de las facturas aprobadas y el fin de los retrasos en el trámite de aceptación y pago de facturas; la comunicación por escrito de los criterios y requisitos para la aceptación de las certificaciones; y la puesta a disposición a las mercantiles adjudicatarias de medios de comunicación efectivos con esta Conselleria para obtener información que puedan precisar.
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