Fiscalía abre una investigación sobre la terminación del centro cívico de La Aparecida

El pasado 3 de diciembre la Fiscalía pidió al Ayuntamiento de Orihuela la documentación relativa a la licitación de las obras del Centro Cívico de La Aparecida. En concreto le pedía información aclaratoria sobre una certificación que implica un sobrecoste de 73.524 euros en los trabajos, que fueron adjudicados por un importe total de 756.407 euros.

La Fiscalía solicita esta documentación a raíz de una denuncia interpuesta por el grupo municipal Cambiemos Orihuela que, ahora, ha desvelado que se han abierto diligencias de investigación penales para esclarecer este tema.

Con fecha 15 de mayo de 2018, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Orihuela, adjudicó a la mercantil ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, S.A.U.  las obras para la construcción del Centro Cívico de La Aparecida por un importe 915.253 euros, con IVA incluido, y siete meses para su ejecución.

Según relatan desde Cambiemos Orihuela, en fecha 11 de enero de 2019, tiene entrada por registro municipal, instancia de la mercantil adjudicataria, acompañada de un escrito de la dirección de obras, en la que se plantea la modificación del proyecto de las obras del centro cívico, argumentando su idoneidad para la mejora del edificio y especificando que sería sin incremento presupuestario, es decir, ajustándose a los 915.253,53 euros de la licitación.

“Y, hasta aquí, todo normal. Sin embargo, en fecha agosto de 2021, y por resolución de la Concejalía de Contratación, se aprueba una certificación de la empresa por un importe de 73.542,08€. Teniendo en cuenta que, en junio de 2019, la empresa ya había certificado el total de los 915.253,53€ del importe de la licitación, esa nueva certificación, eleva el coste abonado por dicha terminación del centro cívico, a 988.795,59€. Esto ya no cuadra.” explica Javier Gracia.

“Si la empresa se comprometió por escrito a modificar el proyecto con mejoras, sin que hubiera incremento presupuestario, ¿cómo es posible que se termine abonando un sobrecoste de más de 70.000 euros? Y, es más, dicho sobrecoste, se abona dos años después de la terminación del centro cívico y un año después de que la empresa presentara esa última certificación en noviembre de 2020, cuando se supone que las obras habían acabado en septiembre de 2019. Todo esto es lo que no nos cuadraba y se ve que a la fiscalía tampoco. Por eso ha abierto diligencias de investigación penales y, esperamos que el Ayuntamiento, atienda el requerimiento que dicha fiscalía, para que se aclare este tema.” finaliza Gracia.

En este sentido, la formación señala que a día de hoy no tiene constancia de que el Ayuntamiento haya cumplido con el requerimiento que le hizo Fiscalía a principios del mes de diciembre.