La expresidenta popular asegura que se han vulnerado sus derechos porque, a día de hoy, el partido no le ha comunicado los hechos que se le han imputado para ser sancionada
La expresidenta del PP oriolano, Pepa Ferrando, apartada el pasado viernes de sus cargos orgánicos en el partido tras saltarse la línea roja marcada por Alberto Fabra, ha pedido al Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) la anulación de todas las actuaciones realizadas hasta el momento en el procedimiento sancionador abierto contra ella tras abandonar, el pasado 22 de diciembre, el Pleno municipal para eludir votar una moción contra los imputados en las listas electorales y criticar posteriormente a la cúpula del PP provincial.
Ferrando envío el pasado 7 de enero dos escritos, uno dirigido al Comité Regional de Derechos y Garantías del PPCV y otro al Comité Nacional de Derechos y Garantías, para poner en su conocimiento que «no se ha cumplido el reglamento en cuanto al proceso de su suspensión cautelar de militancia en tanto en cuanto el Comité Ejecutivo Provincial no notificó de forma inmediata y por escrito la toma de acuerdo por la que se decidía proponer esa medida».
En este sentido, la popular explica en un comunicado que todavía hoy «desconozco qué precepto tipificado en el régimen sancionador del partido he incumplido, no pudiendo así articular en ningún caso mi defensa».
Por este motivo, Ferrando considera que se han vulnerado sus derechos de audiencia y contradicción al no haberle sido comunicados los cargos presentados contra ella, y de los que, por tanto, no se puede defender.
De esta forma, ha solicitado al Comité de Derechos y Garantías del PPCV que levante su suspensión de militancia, le informe de los hechos que se le imputan y le otorgue el correspondiente plazo de defensa estipulado en los estatutos del partido, es decir, 15 días.
La ex líder del PP oriolano, ha tildado de «injusto y antidemocrático» el procedimiento que se está llevando a cabo contra ella «para acabar con quien ha sido la cabeza del grupo popular en la oposición de una gran ciudad como Orihuela».
Ferrando indica también en el comunicado que «estamos deslegitimando la voluntad de aquellos ciudadanos que cada cita electoral respaldan masivamente la gestión del Partido Popular de Orihuela, y sobre todo la voluntad de 1.288 afiliados que en Asamblea eligieron ser representados por mí eligiéndome presidenta el 12 de Diciembre de 2012″.
Estas son las primeras declaraciones de Pepa Ferrando desde que se conoció su suspensión de militancia, hace justo hoy una semana, y que ha puesto en evidencia la ruptura interna del PP oriolano entre sus afines y los que apoyan a la cúpula regional del partido, que decidió poner a Dámaso Aparicio al frente de la formación de forma provisional.
Está previsto que el lunes acuda a Orihuela la número 2 del PP valenciano, Isabel Bonig, y su homólogo provincial, José Juan Zaplana, para participar en un Comité Ejecutivo con el que pretenden dar carpetazo a esta polémica.
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