La edil recuerda que hay que cumplir la legalidad en materia de actividades durante todo el año
Fanny Serrano, concejala de Actividades, ha anunciado hoy que tomará medidas legales contra el edil Luis María Pizana por las declaraciones que ha realizado en las que le acusa “de haber cerrado chiringuitos y mandar familias al paro en plena temporada alta” una “calumnia” de la que “tendrá que responder en los tribunales”. La edil además considera que con este tipo de declaraciones que con esas declaraciones “se está mandando un mensaje a la sociedad de que la ilegalidad se permite en este municipio, cosa que no es verdad, o que la concejal no está realizando las actividades como corresponde”.
Este anuncio se realizó en una rueda de prensa en la que la edil quería lanzar un mensaje a los establecimientos de la localidad. Serrano ha recordado a los empresarios locales que “hay que cumplir la legalidad en materia de ruidos, horario y seguridad” y anunció que se va a continuar con las inspecciones, y en la que ha anunciado que de cara a la próxima semana está previsto que se produzca el cierre de varios establecimientos.
Sobre este particular también ha recordado que los chiringuitos de la playa solo pueden tener música ambiente, y nada más allá de lo que “todos entendemos” en este concepto.
Cumplir la legalidad
Serrano ha asegurado que cuando aplica una orden de cierre es “porque cuenta con un informe jurídico en el que dice que la única resolución posible es el cierre y/o con uno técnico que se refiere a la peligrosidad para las personas. Aquí no se ha cerrado nada que no fuera absolutamente ilegal e ilegalizable o que no tuviera un grave problema de seguridad para las personas”
En el último mes en el municipio se ha cerrado una chatarrería en la que se trabajaba con este tipo de material, así como con baterías y residuos peligrosos, que carecía de la licencia ambiental necesaria a para obtener la licencia de actividad. También se ha decretado el cierre de dos quioscos situados en un espacio de dominio público que no contaban con ningún tipo de autorización, otro quiosco que también carecía de autorización y un establecimiento, clausurado con carácter provisional, por no cumplir con los itinerarios de evacuación de las personas con discapacidad.
Serrano ha señalado que el índice de expedientes de cierre es “ínfimo” comparado con el número de solicitudes de apertura, y que aquellos en los que se decreta el cierre son por “ilegalidad manifiesta. Si no actuamos estaríamos cometiendo un delito, una prevaricación administrativa en modalidad de comisión por omisión”
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