La socialista interpuso una queja ante el Síndico de Agravios, que tras darle la razón, insta al alcalde a facilitar el libro de decretos al que impide el acceso desde mayo
La concejal del Partido Socialista Fanny Serrano ha hecho pública ayer una recomendación de Síndico de Agravios en la que se insta al alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, a permitir el libre acceso de los concejales al libro de decretos de alcaldía y órganos unipersonales.
La resolución del Síndico está motivada por la queja que elevara en su día Serrano tras comunicársele que el Alcalde había notificado mediante “un papelito” su decisión de no permitir a los concejales de la oposición acceder a los decretos más que en los dar cuenta de los plenos ordinarios.
Según se recoge en la recomendación, los decretos de alcaldía son de libre acceso a los concejales de la corporación, su consulta no exige la autorización del alcalde y son los propios servicios del Ayuntamiento los que deben facilitarlos para su consulta. En su resolución de la queja el Síndico argumenta que “impedir el acceso al Libro de Resoluciones de Alcaldía porque el pleno ordinario ya permite conocer los decretos y resoluciones, dificulta a los concejales, más allá de lo razonable, el ejercicio de funciones de control del Gobierno Municipal”.
Serrano explica que la queja al Síndico se produce tras intentar, el pasado 17 de mayo, acceder al Libro de Decretos y encontrarse con que la funcionaria se negaba a concederle la información por orden del alcalde que había enviado lo que la edil calificó como “un papelito” que “cerraba el grifo de la información”. Tras un intercambio de opiniones con la funcionaria se personó en la quinta planta un agente de la Policía Local que fue quien impidió en última instancia el acceso de Serrano al mencionado libro de actas.
Ahora con la resolución favorable a su queja la concejala socialista ha advertido en rueda de presan al alcalde que de no aceptar la recomendación del Síndico, cuestión que hasta la tarde de ayer no había sucedido, el PSOE tomaría las medidas pertinentes para velar por el derecho fundamental del acceso a la información y a la participación pública.
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