El tribunal entiende que con este texto “los alumnos podrían ver sus derechos disminuidos en relación a la acreditación de idiomas”
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha suspendido cautelarmente la aplicación del decreto de Plurilingüismo impulsado por la Conselleria de Educación que dirige Vicent Marzà.
La Sección 4ª de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV ha estimado así la petición de la Diputación de Alicante y suspende cautelarmente el drecreto que establece el modelo lingüístico educativo valenciano en la enseñanza no universitaria.
En el auto, los magistrados del TSJCV no se pronuncian sobre el fondo del asunto y aclaran que “todo lo resuelto en este auto se refiere única y exclusivamente a la medida cautelar, no al fondo del recurso y en absoluto se prejuzga nada de lo que pueda resolverse en su día en la sentencia que se dicte, tras los trámites correspondientes de alegaciones y prueba”.
La Sala ha tenido en cuenta la petición de la Diputación de Alicante, que solicitaba su suspensión cautelar, porque “de no adoptarse la solución de paralizar su ejecutividad, podrían producirse graves daños y perjuicios de reparación imposible o difícil para los intereses y derechos de la parte recurrente y el servicio público no resulta afectado».
En el auto se advierte que en el decreto de Plurilingüismo “existe una diferencia entre las acreditaciones de los idiomas en los niveles básico, intermedio y avanzado» y “resulta evidente que de no suspenderse hasta que recaiga sentencia un gran número de alumnos podrían ver sus derechos disminuidos en relación a la acreditación de idiomas».
La resolución no es firme y frente a la misma cabe recurso de reposición que podrá interponerse en el plazo de cinco días. En este sentido, el conseller de Educación ya ha anunciado ante los medios de comunicación que recurrirá la suspensión cautelar del decreto de plurilingüismo y ha expresado su tranquilidad ya que el texto cuenta con el aval del Consejo Jurídico Consultivo, el Ministerio de Educación y la Abogacía de la Generalitat.
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