El nuevo equipo de Gobierno (PSOE, IU y Somos) estudia la realización de una auditoría pública y denuncia la falta de liquidez a corto plazo
El nuevo equipo de Gobierno de Callosa de Segura –PSOE, Izquierda Unida y Somos Callosa- ha destapado que la deuda del Ayuntamiento a 25 de junio “se sitúa en torno a los 22 millones de euros”, quedando así muy lejos de los 13 millones de euros anunciados por el anterior alcalde, Javier Pérez, durante la campaña electoral.
El concejal de Hacienda y Contratación, Rubén Manresa, ofreció ayer una rueda de prensa junto al alcalde Fran Maciá, la portavoz del gobierno Antonia Cascales y el concejal de Personal y Servicios Públicos Norberto Mira, durante la cual confirmó sus sospechas y es que, “lejos de reducirse, la deuda ha aumentado drásticamente en el último año”.
Ante esta situación, Manresa anunció la intención de llevar a cabo una auditoría pública de la deuda que “promete sorpresas”. De hecho y pese a que todavía están estableciendo el protocolo para llevarla a cabo, “ya nos hemos encontrado con 33 facturas sospechosas” que van a ser puestas en manos de la Comisión por la Transparencia para que “valore si es necesario dar traslado a la Fiscalía Anticorrupción”.
En esta línea, la misma Concejalía de Hacienda y Contratación ha denunciado falta de liquidez a corto plazo que sufre la Administración local puesto que, tal y como comunicó Manresa, durante el pleno de constitución el acta de arqueo reflejaba que el Ayuntamiento cuenta con unos 45.000 euros de liquidez en las cuentas bancarias y “solo la nómina de junio de los funcionarios ronda los 600.000 euros”.
Así mismo, informó de la recepción de un aviso de corte de suministro por parte de la compañía eléctrica Iberdrola, que insta al Consistorio a pagar la deuda que dejó pendiente el anterior equipo de Gobierno del Partido Popular antes del 27 de julio.
Durante esta comparecencia, el tripartido alertó del mismo modo de numerosos incumplimientos por parte de las empresas concesionarias de servicios públicos como la gestión de residuos sólidos o el mantenimiento del alumbrado público.
Por su parte, el responsable de Personal y Servicios Públicos, Norberto Mira, opinó que la plantilla actual del Ayuntamiento “es extensa y está mal estructurada” y denunció la situación de muchos empleados que, según sus palabras, se encuentran en “fraude de ley”.
“Nuestra intención es reorganizar los servicios y regularizar la situación de los funcionarios”, señaló Mira, quien quiso dejar claro que en principio “no” se plantean la opción de “realizar despidos o reducir la plantilla, aunque debemos estudiar muy bien la situación porque es compleja”.
Por otro lado, denunció la mala situación en la que se encuentran ciertos tramos de alcantarillado debido a la “falta de mantenimiento”.
Por último, la portavoz municipal y el alcalde, Antonia Cascales y Fran Maciá, recalcaron que “no hay motivos para preocuparse” por la compleja situación económica y organizativo porque “ya lo sabíamos y denunciábamos desde la oposición”.
Por ello, anunciaron por un lado que el nuevo equipo de Gobierno trabajará “día a día” para solucionar los problemas de la localidad y, por otro, la celebración en fechas próximas de un pleno en el que se debatirá públicamente la situación del Consistorio.
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