La investigación apunta a que las plantas desaladoras de Torrevieja y la Marina Baja tuvieron un sobrecoste de 69,3 millones de euros
La planta desaladora de Torrevieja es junto a la de El Campello dos de las principales obras de la empresa pública ACUAMED investigadas en el seno de la ‘Operación Frontino’ que instruye el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco.
Según ha declarado el pasado martes uno de los ingenieros de la empresa TYPSA, encargada de la redacción, revisión y ejecución de la obra, se habría negado a firmar la liquidación final de los trabajos presentada por ACCIONA, empresa adjudicataria del proyecto, a considerar que esta certificación final estaba inflada.
Typsa ha sido la empresa a la que ACUAMED habría contratado el control cualitativo y cuantitativo de las obras llevadas a cabo por la UTE formada por Acciona Infraestructuras y Acciona Agua, adjudicataria de las obras de construcción de la desaladora de Torrevieja.
Por otra parte según se indica en el auto del magistrado con el que decreta la entrada en prisión de cinco de los trece detenidos por esta investigación, el Tribunal de Cuentas ya habría advertido en septiembre de 2014 de “prácticas poco ortodoxas” como la revisión de precios y modificado de proyectos y liquidaciones.
En el apartado de la planta de Torrevieja del informe realizado por el organismo supervisor y fiscalizador de las empresas públicas del Estado en el que se analizan las cuentas de ACUAMED durante los ejercicios 2011 y 2012 indica que el contrato de las obras se adjudicó por 192,6 millones de euros, montante que se modificó en octubre de 2011, mes en el que se tramitó una modificación del proyecto de 34 millones de euros, un incremento del 18% sobre el precio de adjudicación que el Tribunal de Cuentas achaca principalmente a “condicionantes ambientales”. Aunque en el informe se apunte además a que la revisión de precios supuso 11,2 millones de euros más.
La obra que estaba prevista para finales del ejercicio 2012, fecha en la que su ejecución era del 92% tuvo que salvar el principal escollo para su puesta en marcha, la autorización ambiental integrada de la Generalitat Valenciana, en total tuvo un coste para el erario público de 238 millones de euros, más de un 23% más de los presupuestado, lo que se supone una desviación del presupuesto original de 45.2 millones de euros.
El origen de la investigación, está en la denuncia del anterior director de Ingeniería y Obras de ACUAMED, Francisco Valiente, que fue relevado de su cargo tras poner en conocimiento del consejo de administración de la empresa pública estas presuntas prácticas corruptas. Prácticas que fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción por el propio Valiente tras ser ignorada su advertencia por la Empresa Pública.
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