El defensor del pueblo valenciano ha culpa al consistorio de «no colaborar e incumplir sus resoluciones»
En un nuevo episodio de tensiones políticas en Dolores, el Partido Popular ha expresado su descontento ante la falta de respuesta del Ayuntamiento, liderado por el alcalde socialista José Joaquín Hernández, a las reiteradas solicitudes del Síndico de Agravios para asignar un despacho a los grupos de la oposición. Concretamente, en su resolución, el Defensor del Pueblo valenciano le requirió indicó al Ayuntamiento que “teniendo en cuenta el dilatado periodo de tiempo transcurrido, se adopten las medidas que sean necesarias para que todos los grupos políticos de la Corporación puedan utilizar un despacho o local dotado de ordenador, acceso a internet, impresora, y material de oficina con el fin de desarrollar su trabajo en condiciones adecuadas”.
Según José Manuel Guerrero, portavoz del PP en Dolores, «la oposición lleva reclamando desde el 2015 los medios necesarios para poder hacer nuestras funciones, tal y como nos otorga la ley, pero desde entonces el Sr. Hernández se niega sistemáticamente en una muestra más de la opacidad y el incumplimiento de sus obligaciones legales como alcalde. Está deliberadamente obstaculizando el trabajo de la oposición e impide el ejercicio de un control democrático efectivo sobre la gestión municipal como, ahora, lo demuestra el Síndico de Agravios que, por desgracia, ha metido a Dolores en su `lista negra´». Guerrero ha sido especialmente crítico con la actitud del alcalde, José Joaquín Hernández Sáez, a quien ha acusado de actuar de forma arbitraria y sin transparencia.
«Es inaceptable que, en un estado de derecho, se ignoren las directrices del Síndico de Agravios y se prive a los representantes electos de los recursos necesarios para llevar a cabo su labor. Esto es un atentado contra los principios básicos de la democracia, el respeto a las instituciones y, en el fondo, de sus propios vecinos que no pueden ser atendidos por sus representantes», añadió.
El Partido Popular ha anunciado que continuará presionando al Ayuntamiento para que se respeten los derechos de la oposición y se cumpla con las recomendaciones del Síndico de Agravios. Además, no descartan tomar acciones legales si la situación no se resuelve de manera inmediata.
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