Los socialistas de Callosa denunciaron el cierre de los Centros de Información y Coordinación de Urgencias

La portavoz del Grupo Municipal Socialista de Callosa de Segura, María del Mar Martínez, ha informado que la Sindicatura de Greuges de la Comunidad Valenciana ha admitido a trámite la queja que los socialistas elevaron el pasado mes de junio en la que pedían que promoviera “la apertura de una investigación tendente a examinar los cambios en la organización de los servicios de urgencias y emergencias con el fin de ejecutar la acción de responsabilidad que se derivara en la desatención de la obligación legal de disponer los recursos suficientes y adecuados para responder con eficacia a los requerimientos de la ciudadanía”. La dirigente socialista ha recordado que esta queja se hizo tras la supresión de los Centros de Información y Coordinación de Urgencias, la reducción del número de horas de servicio de unidades de SVB y el consiguiente incremento del tiempo de respuesta de los vehículos ante una urgencia. “Y recordar que la ciudadanía hizo campañas de recogida de firmas alcanzando más de 5000 firmas en algunos municipios o manifestaciones multitudinarias”.

La portavoz socialista ha indicado que ahora hay que esperar el informe de la administración valenciana para poder estudiarlo y presentar las alegaciones que fueran oportunas. A pesar de ello, María del Mar Martínez ha explicado que la admisión de la queja por parte del Síndic “es una buena noticia porque da solidez y valor a los argumentos que hemos empleado, a pesar de que algunos alcaldes salgan en tromba para acusarnos a los socialistas de alarmistas o para decir que aquí no pasa nada. Pues a los alcaldes, entre ellos, el de Callosa, les informo que el Síndic ha admitido esta queja, por tanto, no somos tan alarmistas como son llamaron. La sanidad es algo muy serio, la supresión de ambulancias es una decisión grave por parte de la Generalitat y todo ello, como representantes del pueblo que somos, lo tenemos que denunciar”.

La dirigente socialista ha asegurado que debe entenderse por cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud, incluyendo en ella el transporte sanitario urgente cubierto de forma completa por financiación pública”. “Se demuestra que ha habido criterios economicistas de ahorro perjudicando a los ciudadanos y a su salud, empeorando el servicio de transporte sanitario urgente», ha dicho.