Los socialistas critican que «se sigan haciendo las cosas mal» respecto al Plan Zonal de Residuos, y esperan que estas actuaciones «no beneficien» a la adjudicataria económicamente
El Partido Socialista de la comarca ha calificado de “sospechosa y nada clara” la intención de la comisión del Plan Zonal XVII de Residuos de la Vega Baja de elevar a la junta –que se celebrará en septiembre-, “para su aprobación”, el inicio de la resolución del contrato con la adjudicataria del proyecto que prevé la instalación del macrovertedero en Albatera, la UTE Cespa-Otiz -propiedad del empresario alicantino Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal-, “sin los preceptivos informes de Secretaría que, como mínimo ratifiquen los expedientes externos” solicitados a las universidades Carlos III de Madrid y Jaume I de Castellón.
De hecho, para los dirigentes socialistas la reunión, celebrada en la Diputación provincial el pasado 1 de agosto, “se debería haber aplazado” hasta que la Secretaría General del Consorcio tuviese en su poder tales informes sobre esta resolución.
Asimismo, el PSOE de la Vega Baja “no entiende” por qué se siguen haciendo las cosas “mal” y es que, según han dicho, “da la sensación de que las decisiones que se están tomando parecen poner más fácil a la adjudicataria su decisión de recurrir dicha resolución”.
“Esperemos que no sea así y no llegue a beneficiar a Cespa-Ortiz”, han añadido los socialistas, quienes han puesto sobre la mesa su decisión de “no apoyar” la licitación de un Plan zonal “en las misma condiciones que las actuales” dado que, a su juicio, “no se ajusta a la nueva directiva europea en materia medioambiental y que contempla las tres R: Reciclaje, Reutilización y Reducción del tonelaje de las basuras”.
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