El PSOE provincial exige una «compensación por el sobrecoste» en el tratamiento de residuos

Pide a la Generalitat y la Diputación que abonen a los 27 municipios de la Vega Baja afectados lo que están pagando «de más» por la recogida de las basuras 

Tras conocerse el informe de la Universidad Carlos III de Madrid, solicitado por el PSOE de la Diputación provincial hace unas semanas para analizar el proceso de adjudicación de recogida de residuos del Consorcio de Residuos del Plan Zonal XVII de la Vega Baja al empresario Enrique Ortiz, los socialistas han exigido a la Generalitat y la Institución Provincial una “compensación” por el “sobrecoste” en el tratamiento de las basuras.

Asimismo, ha exigido que se “compense a los 27 municipios afectados por la negligencia del PP, por la cual están pagando más que el resto de consorcios por la recogida de residuos”.

Un sobre coste que, a juicio de los socialistas, “debe asumirlo la Generalitat Valenciana, la Diputación provincial o ambas”.

Y es que, tal y como ha explicado el diputado socialista Raúl Valerio Medina, quien ha comparecido junto al portavoz socialista de la Institución provincial, David Cerdán, este documento confirma que, como ya denunció el PSOE, este proceso de adjudicación que viene del año 2008 “no fue limpio, además de poco transparente”. De hecho y como apuntó el propio diputado del PP Adrián Ballester y recordado Medina, “salpicado por la corrupción”.

Asimismo, apunta que la planta de residuos se quería construir en Torremendo –primera ubicación antes de determinar finalmente que el macrovertedero debía instalarse en Albatera y la planta de transferencia entre Cox y Granja de Rocamora- “solo para favorecer a Enrique Ortiz y Ángel Fenoll –ambos empresarios imputados en el caso Brugal- y, por ello, la oferta más valorada fue rechazada”.

Del mismo modo “queda demostrado que la empresa –adjudicataria- no tenía los terrenos de Albatera donde estaba prevista la planta, tal y como hemos denunciado desde el PSOE de la Diputación”, ha dicho Medina.

Ha revelado, en este sentido, que tras conocer que el informe señala las “múltiples irregularidades de todo el proceso, la Diputación provincial propone ahora rescindir el contrato, tal y como venía solicitando el grupo socialista”.  

“Estamos ante una situación muy grave, ante una discriminación con respecto al resto de consorcios, al ser el único que no tiene un Plan Zonal aprobado, y en el que la Diputación ha sido cómplice al dejar pasar los plazos intencionadamente, dejando vía libre a la empresa”, ha explicado Raúl Medina.

El portavoz socialista David Cerdán ha insistido, por su parte, en que el nuevo plan debe “ajustarse” a las Directivas de la Unión Europea, al tiempo que ha recordado que el grupo socialista presentó alegaciones al Plan Integral de Residuos de la Generalitat.

“Este plan tiene que ser paralizado ya que debe potenciar al máximo el reciclaje, limitar o prohibir el capital privado”, ha dicho Cerdán, quien han puntualizado que “con el dinero público de la Generalitat, Diputación y ayuntamientos debe ser suficiente”.

Por último, ha remarcado las “sospechas” de que “gran parte del gran problema es el dinero privado que está en juego”.