Los socialistas le recuerdan al primer edil el Decreto 81/2013 que determina que “los planes zonales vinculan los diferentes instrumentos urbanísticos”
El Grupo Municipal Socialista de Cox solicitó al alcalde, Carmelo Rives, durante la sesión plenaria celebrada ayer que dé explicaciones de la petición por parte de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente al Ayuntamiento de Cox el pasado mes de junio de que garantice a través del nuevo Plan General “la compatibilidad urbanística de la estación de transferencia asegurando el suministro de los servicios necesarios para su funcionamiento tales como la potencia eléctrica, abastecimiento de agua, conexión de alcantarillado etc”. Esta petición, que se vio en la Junta de Gobierno Local de 21 de junio de este año –fecha posterior a la modificación del PGOU que fue a finales de mayo y en la que no daba licencias urbanísticas en el polígono industrial Virgen del Carmen- señala además que en el PGOU de Cox “se observa la falta de referencias a las posibles infraestructuras y servicio de recogida de residuos” y entiende que “con respecto a los residuos de competencia municipal se estará en lo dispuesto en el Plan Zonal de Residuos de la Zona XVII (…) el Consorcio adjudicó a la empresa UTE CESPA Enrique Ortiz e Hijos S.A.”.
Ante esta pregunta, el alcalde tan sólo afirmó que esta petición “es un puro trámite y que no es válida”, respuesta que cuestionan los socialistas. “Esta petición de la Conselleria fue posterior a la modificación del PGOU, que fue a finales de mayo, y posterior también a la aprobación de la adjudicación y del proyecto de Cespa-Ortiz, por tanto, la Conselleria debía estar al tanto de esta situación y le pide que habilite una parcela concreta en el polígono industrial de Virgen del Carmen. El alcalde ha querido pasar de largo esta pregunta contestando que era un trámite”, denuncia el PSOE de Cox.
Los socialistas han hecho hincapié en lo que manifiesta el Decreto 81/2013 que “nos deja con inquietud pues en él se dice que lo determinado en los planes zonales vinculan a los distintos instrumentos de ordenación urbanística”. El alcalde dice que puesto que el decreto es posterior a la modificación del PGOU, “no tiene carácter retroactivo, sin embargo le he hecho ver que el artículo 3 del Decreto habla de este asunto pero refiriéndose a la Ley de Residuos de la Comunitat Valenciana, promulgada en el año 2000,. Por tanto, desde nuestro entender, aclaran los socialistas, ante la posible demanda que pueda poner la empresa tiene muy fácil su argumentación pues esa modificación podría no ser válida: una, porque la ley de residuos lo impediría, y otra porque el ayuntamiento iría contra lo que se llama “actos propios”, es decir, si en su día (3 de enero de 2008) se votó a favor de dicho plan zonal y además no se presentó ninguna alegación, es incongruente que ahora se modifique el PGOU para declararlo libre de instalaciones de residuos”, ha indicado Cámara.
Además, el portavoz del Grupo Municipal Socialista le ha dejado claro que el proceso de las alegaciones por parte de la empresa adjudicataria “le vendrían al ayuntamiento dadas unas costas económicas que habría que sufragar pero el alcalde tampoco ha dado explicaciones convincentes. Ahora se limita a decir que hay otros pueblos interesados en la planta”.
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