El grupo socialista denuncia la actitud del alcalde “que está permitiendo que una empresa esté realizando actividad de gestor de residuos de construcción y demolición si licencia ambiental para dicho fin, sin que haya existido sanción alguna”
El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Benijófar, a través de su portavoz, José Luis Cases, ha denunciado la “permisividad” del alcalde del municipio, Luís Rodríguez, ante la constatación de que, durante casi dos años, una mercantil ejerce su actividad de manera irregular en una parcela del polígono industrial “Los Valeros”, sin que desde el Consistorio se le haya aplicado sanción alguna. Se da la circunstancia, además, de que la propiedad de la parcela arrendada a la mercantil recae en el entorno familiar de la teniente de Alcalde en el Consistorio, la concejala del PP, Pilar Yagües.
“Durante casi 2 años la actividad ha estado funcionando sin la correspondiente autorización municipal y por parte del alcalde no se ha adoptado medida disciplinaria alguna”, ha denunciado José Luis Cases, añadiendo que “cuesta entender cómo es posible que se siga ejerciendo la actividad sin tener licencia”.
“En Benijófar cada son más quiénes se preguntan qué intereses hay por en medio, para que se siga manteniendo una actividad sin licencia sin que pase nada, a pesar de las reiteradas quejas de vecinos, denuncias de la policía local e informes de la administración autonómica”, ha subrayado el portavoz socialista.
Como así detallan desde el grupo socialista, los hechos se remontan a finales de diciembre de 2018 cuando la mercantil Contenedores y Grúas Juanmi, S.L. inició en el Polígono Industrial Los Valeros de Benijófar, el ejercicio de la actividad de gestor de residuos de construcción y demolición. Para ello, según consta en los expedientes municipales, tan solo contaba con una simple licencia de vallado perimetral de la parcela. Posteriormente, y tras los informes de denuncia de la Policía Local, obtuvo una licencia de legalización para aparcamiento de vehículos, contenedores de obra y otros materiales de construcción. Mientras, pese a no contar con licencia expresa, mantuvo la actividad de gestión de residuos de construcción y demolición.
No es hasta 13 de noviembre del pasado año, y a la vista de las quejas presentadas por vecinos y los informes tanto de la Policía Local, como de los servicios técnicos municipales, cuando el Alcalde, a través de Decreto, reconoce que la actividad no se corresponde con la licencia que tiene otorgada, iniciando el correspondiente procedimiento para la protección de la legalidad.
Así, desde el Ayuntamiento se dio traslado a la empresa del expediente de protección de la legalidad ambiental, presentando ésta con fecha 14 de febrero de 2020, un proyecto con el objetivo de obtener los permisos y autorizaciones necesarios para el desarrollo de la actividad real que estaba ejerciendo desde hacía ya 15 meses. La propia Secretaría Municipal, en su informe, indica que “esta solicitud está en trámite y no tiene autorización para el ejercicio, y -por lo tanto- no podrá iniciarla hasta que no tenga autorización”.
Así consta, en el decreto de alcaldía nº 312/2020 de fecha 7 de abril de 2020, donde se indica expresamente que “la actividad que se venía realizando no se corresponde en su totalidad con la que se está ejerciendo” y declara concluido y archivado, sin ningún tipo de consecuencias, el expediente disciplinario al haberse registrado por la mercantil solicitud de modificación de la actividad de aparcamiento de vehículos, contenedores de obras y otros materiales de construcción.
De igual modo, dicho decreto termina diciendo que se encuentra en tramitación la Licencia Ambiental de Actividad de Tratamiento de RCDS y restos vegetales, y que no tiene autorización para el ejercicio, “y no se podrá iniciar hasta que no tenga autorización”. Pero en la práctica, denuncian desde el grupo socialista, “desde diciembre de 2018 la actividad se ha estado desarrollando sin ningún tipo de problemas”.
Paralelamente y por denuncias de los vecinos, la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental de la Conselleria de Agricultura y Transición Ecológica, abrió un expediente, por lo que funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Valenciana realización visita de comprobación para constatar la veracidad de los hechos denunciados, que no eran otros que los del ejercicio de la actividad de gestor de residuos de construcción y demolición contando con una licencia de aparcamiento de vehículos y contenedores.
La Conselleria de Agricultura a través de informe técnico, estimó los hechos de la denuncia como probados, y calificándolos como graves, proponiendo una sanción económica de 5.000 euros, ordenando la paralizar la entrada de residuos de construcción y demolición y de cualquier otro tipo. Este expediente se encuentra pendiente de finalización.
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