El Juzgado de Orihuela ha abierto un procedimiento abreviado contra dos exediles del PP callosino por un presunto delito de prevaricación administrativa por la adjudicación de la línea wifi del municipio
El PSOE de Callosa de Segura ha hecho público que el Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela ha dictado un auto de incoación de procedimiento abreviado por delito de ‘prevaricación administrativa’ contra los exediles del PP de Callosa de Segura, Manuel Illán y Francisco Rodríguez, en la causa abierta por la adjudicación de un contrato de más de 90.000 euros para disponer de una línea wifi en el municipio, donde presuntamente se cometieron irregularidades en el expediente de contratación al objeto de favorecer como adjudicataria a la mercantil Análisis de Control y Redes Privadas SL (ANCO SL).
Los socialistas, en un comunicado, consideran que es necesario que el Ayuntamiento de Callosa se persone de manera activa en el caso como acusación particular en dicha causa, teniendo en cuenta que fue esta misma administración -concretamente el departamento de contratación- desde donde se iniciaba el caso al detectar irregularidades en el expediente de dicho procedimiento que fueron puestas en conocimiento de la fiscalía.
“El hecho que dos exediles del partido popular -hoy este partido en el gobierno local del ayuntamiento de Callosa de Segura en coalición con Cs- estén imputados en la causa, ambos sin presencia en la institución municipal pero uno de ellos presidente del partido a nivel local, así como los lazos familiares con el ex alcalde de Callosa de Segura Javier Pérez Trigueros en la fecha de la adjudicación del contrato del socio y representante de la mercantil encausada ANCO SL adjudicataria del contrato e imputada como tercero partícipe a título lucrativo, no debe ser óbice para que desde la institución del ayuntamiento se ejerza acusación particular en pos de la defensa del erario público y el interés general, confiando desde el grupo socialista en que el equipo de gobierno sabrá distinguir entre el interés general derivado de un proceso de delito de ‘prevaricación administrativa’ y otras consideraciones más cercanas al color político”, señala el PSOE en su comunicado.
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