Considera que la alcaldesa modificó «ilegalmente» este documento en 2010 «perjudicando» a los empresarios del polígono en beneficio «propio y de su grupo municipal (PP)»
El PSOE de Bigastro ha solicitado públicamente la “nulidad” del expediente de ‘contribuciones especiales’ sobre el soterramiento de la línea de media tensión del polígono industrial, modificado por la actual alcaldesa Charo Bañuls (PP) en 2012 de manera “ilegal” puesto que, según los socialistas, la citada modificación “no cumplía la normativa de contribuciones especiales que impide la anulación o modificación del documento una vez que la obra está terminada”.
Este expediente fue aprobado y tramitado por el grupo municipal socialista en el año 2008, después de que la compañía eléctrica les obligase a soterrar la línea de media tensión del polígono, que afectaba a un total de “trece naves”, cuyos empresarios debían afrontar el pago de esta acción “a razón de los metros que pasaban por encima de sus edificios”. De hecho, el giro de la cuota que debían aportar se inició en el año 2010.
No obstante, tras la llegada de Bañuls al Gobierno local, ésta modifico el documento “perjudicando”, a juicio de los socialistas, a los empresarios de la zona en beneficio “propio y de su grupo municipal”. El objetivo de la alcaldesa, según el portavoz socialista, Raúl Valerio Medina, era “hacer un listado con los propietarios de las naves porque debía pagar todo el polígono, no solo los afectados”. De hecho, Bañuls llevó a cabo también “la devolución de las cuotas pagadas”.
“Así obtuvo un listado de 70 empresarios frente a los trece iniciales que acabó en una cascada de recursos, rechazados todos en sede administrativa, y girando las cuotas correspondientes entre julio y agosto de 2010”, ha explicado Medina, quien ha señalado que el montante total de esta acción ascendía a 60.000 euros que, en caso de mantener la modificación, “sería el Ayuntamiento de Bigastro el que tuviese que hacerse cargo de todo”.
Precisamente, entre los afectados e incluidos en la nueva lista se encontraban, en palabras del portavoz, una de las empresas cuya gerente es Charo Bañuls –Tapizados Bañuls S.L-, así como algunas propiedades de varios miembros que pertenecen a la ejecutiva del PP que, en la actualidad, “no han pagado, ni presentado recuro ni aval –necesario para recurrir esta cuota-”.
De hecho y según el socialista, en la actualidad de los “70 afectados de la línea de media tensión, solo han pagado once propietarios, lo que supone un total de 10.900 euros”. Esta sería otra de las razones por las que el PSOE pide la anulación de dicho expediente puesto que, en palabras de Medina, la alcaldesa se habría negado a exigirles el pago debido la “situación de crisis que están atravesando los empresarios del polígono”.
“Hay unos intereses claros, personales y políticos de Bañuls y el PP para beneficiarse personal y políticamente”, ha insistido el portavoz socialista, quien ha querido dejar claro que “la única decisión que significaría algo para el pueblo de Bigastro sería su dimisión”.
Zonas Verdes
Otro de los expedientes a los que se ha referido Raúl Valerio Medina versa sobre la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sobre el tipo de suelo del polígono industrial, el denominado ‘caso Bigastro’ que, actualmente, está en el Juzgado número 3 de Orihuela.
Y es que, según ha recordado, cuando Charo Bañuls llegó al Gobierno en 2012, cambió el PGOU para “anular y deslegalizar” la anterior modificación del polígono industrial que incluía la creación de zonas verdes, por el tema de la permuta por un local comercial en la calle Purísima. Esto lo hizo de manera “ilegal” ya que, según ha explicado el portavoz, tenía en su contra un informe del Consejo Jurídico Consultivo (CJC).
“Este informe del CJC llegó ocho meses después del pleno de anulación y Bañuls no lo remitió ni a los grupos, ni tampoco al juzgado de Orihuela, enviado desde el Ayuntamiento otro tipo de información”, ha añadido.
Desde el PSOE han tachado de “grave” este hecho puesto que, según el informe del CJC, la acción realizada en 2011 mediante la compra de dos parcelas del polígono industrial, por un valor de 200.000 euros -efectuada con fondos del Plan Confianza-, para convertirlas en zonas verdes, era “legal y correcta”.
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