El PSOE comarcal cree que lo único que busca el Consorcio de basuras es dilatar el proceso hasta las elecciones de 2015

El órgano decidió ayer solicitar un informe externo para decidir si rescinde el contrato con Cespa-Ortiz

Los alcaldes socialistas de los municipios de la Vega Baja han expresado sus sospechas por la circunstancia de que “la empresa adjudicataria de la Gestión de Residuos del Plan Zonal de la Vega Baja pida 3,8 millones por gastos derivados de la anulación judicial del contrato y que se refieren a la compra de parcelas de Torremendo”. Así lo explicaron durante la Junta de Gobierno del Consorcio de Residuos de la Zona XVII, que se celebró ayer en la Diputación Provincial de Alicante.

En esta sesión el Consorcio, que conforman los 27 representantes de los municipios de la Vega Baja, votó a favor de pedir un informe externo para decidir si resuelve el contrato con la adjudicataria Cespa-Ortiz.

Tras tener conocimiento de esto, el diputado socialista Raúl Median ha asegurado que “lo único que busca el PP de la Diputación es dilatar todo este proceso hasta las elecciones de 2015, ya que saben bien que no hay nada claro en el mismo”.

De la misma forma, el alcalde de Rafal y Secretario General del PSOE de la Vega Baja, Manuel Pineda, quiso mostrar el malestar de los socialistas porque desde el Consorcio, asegura, no se les facilitó la documentación relativa a alguno de los asuntos tratados en la reunión y, muy especialmente, el Decreto de paralización de la planta transitoria de Cox.

En este sentido, el socialista ha anunciado que ha registrado una solicitud exigiendo esa documentación. Además, Pineda ha solicitado que se incluya la causa de prejudicialidad penal en el Informe Jurídico sobre las causas de resolución o rescisión del contrato para la gestión de residuos del Plan Zonal de la Vega Baja”, a la vez que ha hecho constar su crítica al hecho de que se “ningunease a los alcaldes socialistas en la reunión que la Presidenta tuvo con representantes del PP de la Generalitat y de los municipios afectados y en la que se decidió solicitar el Informe Jurídico mencionado y a la que no se convocó ningún alcalde del PSOE”.