El concejal Emilio Zaplana denuncia que las “irregularidades” que acompañan al Aula Tea “ponen en jaque la prestación de los servicios”
El concejal socialista Emilio Zaplana ha alertado hoy de que el Ayuntamiento de Orihuela podría tener que devolver los 2,1 millones de euros que ha recibido para mantener los centros de Servicios Sociales al no justificar esa subvención otorgada por parte de Conselleria. Con esa cantidad se gestionan el CRIS, el Centro Ocupacional Oriol y el Centro de Atención Temprana.
Según ha denunciado Zaplana, el área de Bienestar Social, que dirige la concejala Sabina Galindo, tenía hasta el 31 de noviembre para justificar esas subvenciones ante la Generalitat pero “estamos a 7 de mayo y siguen sin realizar ese procedimiento”, ha denunciado al tiempo que ha asegurado que es una situación inaudita para los técnicos del Consell.
El concejal del PSOE ha asegurado que, a su juicio, el motivo por el que no han justificado dicha subvención es la posible “irregularidad” que se habría cometido por parte de la Concejalía de Bienestar Social con respecto a la creación del Aula TEA en el Centro Ocupacional Oriol.
El socialista ya denunció que ese aula se creó para dar cabida a un único usuario que es hijo de un exdirigente del Partido Popular. Zaplana ha ido hoy más allá y ha señalado que a día de hoy esa persona sigue recibiendo atención a pesar de tener informes técnicos en contra y por “orden expresa de la concejala Sabina Galindo”.
En este sentido, Zaplana ha señalado que el informe emitido por la psicóloga contratada para el Aula Tea dictamina que este no era el servicio idóneo y apunta a que el mejor recurso sería un Centro de Día. Por otro lado y hasta en tres ocasiones la Dirección del Centro ha instado por escrito a la concejala a que tomara una decisión acerca del citado usuario recordándole que existía un informe negativo.
Zaplana cree que la falta de la última parte de la justificación de las citadas subvenciones se debe a que la Jefa de Servicio de Centros no ha “querido pillarse los dedos” con lo que podía haber sido “una irregularidad de graves consecuencias”.
No obstante esta falta de respuesta a la Conselleria en la subvención ha provocado ya, que esta no abone al Ayuntamiento la cantidad de 353.000 euros pero podría devenir en que, tal y como marca la Ley General de Subvenciones causa de reintegro del dinero aportado por la Generalitat y que podría ascender a 2.100.000 euros.
Ante esta gravísima situación hay que sumar, ha explicado el edil del PSOE, que la Conselleria a petición de la propia Concejalía de Bienestar Social, aumentó siete plazas para el Centro Ocupacional, el problema es que desde la Concejalía no se solicitó la financiación necesaria; “la financiación se pidió en 2019, una vez destapamos el asunto, a la Dirección General, esta contestó que los presupuestos estaban cerrados y que debía haberse realizado cuando solicitaron la ampliación de plazas en 2018.”
“Esto ha supuesto que las personas que están en lista de espera para entrar al Centro Ocupacional no lo hayan podido hacer y es necesario destacar que prácticamente todas ellas son del municipio de Orihuela. Esto se debe a que a Galindo nunca le importó que siete personas más se beneficiaran del servicio, sino que solo estaba interesada en una persona, que además no cumple con los requisitos para este tipo de centros”, según firman los técnicos en sus informes.
El socialista ha calificado la actuación de Galindo de “usar los servicios municipales como si fueran su cortijo decidiendo a dedo quién debe entrar, cómo debe entrar y cuándo”
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