Los populares y CLR presentarán esta semana un recurso contencioso-administrativo por vulneración de derechos fundamentales
Con abogados diferentes pero de forma conjunta. El Partido Popular y CLR pondrán a lo largo de esta semana en conocimiento de la Justicia los hechos acontecidos en el Pleno de moción de censura que se celebró el pasado 3 de enero. La presidenta del PP oriolano, Pepa Ferrando, ha dado hoy los primeros detalles sobre las acciones judiciales que ambas formaciones van a emprender contra los miembros de la Mesa de Edad -Bob Houliston y Carolina Gracia- y el resto de ediles verdes y socialistas además de Asun Mayoral. En total catorce demandas individuales que se condensarán en una. En concreto, van a presentar un recurso Contencioso-Administrativo especial de protección de Derechos Fundamentales al entender que en la sesión plenaria que abordaba la moción de censura la Mesa de Edad vulneró el artículo 23 de la Constitución que recoge que “los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal” y asimismo “tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”.
Unos derechos que desde las dos formaciones entienden que han sido violados porque el Secretario General avaló un día antes de que se celebrara el Pleno mediante un informe que la moción de censura presentada por PP y CLR cumplía los requisitos exigidos para efectuarse, pero finalmente el presidente de la Mesa de Edad, Bob Houliston, levantó la sesión antes siquiera de que el resto de concejales pudiera pronunciarse.
Ferrando ha anunciado también que los servicios jurídicos del PP están en conversaciones con la Subdelegación de Gobierno para que esta administración interponga un recurso de Impugnación de los hechos sucedidos durante el Pleno del pasado viernes. En caso de que esto prosperara el actual regidor, Monserrate Guillén, quedaría como alcalde en funciones hasta que la Justicia se pronunciara sobre si lo que sucedió el día 3 en el Ayuntamiento de Orihuela es lícito o no. En esta línea, la popular ha asegurado que mantiene un diálogo permanente con la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León, quien ha puesto a servicio de todos los concejales firmantes de la moción de censura toda la ayuda de los servicios jurídicos de la Comunitat.
Informe tardío
La presidenta del PP ha denunciado además que el informe que leyó Bob Houliston durante la sesión plenaria y en el que basó la decisión de levantar la mesa sin que se produjera el cambio de gobierno llegó a la Secretaria General del Ayuntamiento una hora después de que concluyera la sesión plenaria. Una irregularidad que ha subrayado Ferrando puesto que toda la documentación debía estar a disposición del fedatario municipal antes del inicio del Pleno. En ese documento se señalaba que los ediles de CLR Pedro Mancebo y Juan Ignacio López-Bas han sido expulsados de la coalición CLR-Claro y por tanto, en su condición de no adscritos, no pueden firmar una moción de censura.
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