La portavoz de Educación del GPP, Beatriz Gascó, anuncia que el PP derogará la actual Ley lingüística que impone el modelo único en Educación
El PP ha pedido el aplazamiento de la imposición lingüística en los centros por la pandemia. Lo ha solicitado en el pleno de les Corts a través de una proposición para suspender la aplicación de la ley de la imposición lingüística en secundaria prevista para el próximo curso y garantizar así el respeto a la opinión de los alumnos y las familias que no pueden reunirse por la pandemia.
La portavoz de Educación del Grupo Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha pedido “que se aplace al siguiente curso como ya se hizo el curso pasado por este motivo. Pero al final, harán lo que les de la gana a PSPV y Compromís. Se saltan la pandemia para imponer los proyectos lingüísticos”.
En este sentido, la diputada popular ha anunciado que “cada vez que el Consell atente contra los derechos de las familias, el PP estará enfrente para detener el sectarismo y el rodillo del Botànic. Si no rectifican, desde el PP acudiremos de nuevo a los tribunales para frenarles. Hay que defender el valenciano pero respetando la legalidad, nuestra diversidad y las zonas castellano hablantes. Hay que promover el valenciano no imponerlo. Y esto es lo que el Botánic no entiende que el conocimiento y el uso de la lengua no debe ser nunca una imposición”.
Para Gascó, “lo más triste de esta situación es que no les importa imponer la ideología al aprendizaje. Les da igual que se aprendan las tres lenguas. Se margina el castellano y se impone el valenciano en todos los ámbitos, les guste o no a los centros. El modelo de Puig no se ajusta a derecho, tal y como dijo el TSJCV. Pero la izquierda hizo luego una ley para saltarse a la Justicia. Han tenido que hacer trampas para aplicar su modelo lingüístico”.
Beatriz Gascó ha anunciado que “esta Ley de la imposición lingüística será la primera que derogará el PP cuando gobierne, y así tener una normativa lingüística que se ajuste a derecho. Pedimos que se den las garantías de participación necesarias a la hora de aprobar el proyecto lingüístico de centro. Si no se pudo hacer el año pasado, este curso tampoco. Pedimos que el castellano pueda seguir siendo lengua vehicular porque desterrar el castellano de las aulas no tiene nada de pedagógico”.
En la proposición se solicita, entre otras cosas, que los proyectos lingüísticos de cada centro se hagan con criterios objetivos. “Pedimos que se hagan basándose en la consulta a las familias, la planificación y los resultados académicos, y también que haya oferta suficiente para que pueda haber libertad. No se pueden arrebatar derechos y discriminar por cuestiones lingüísticas”.
La portavoz popular ha señalado que “hay muchas personas que solo piden que les respeten. Por mucho que se empeñe la izquierda, el PSOE ha vendido a los valencianos al nacionalismo más radical. Siguen diciendo que todo está bien pese a que la Conselleria de Educación tiene más de treinta sentencias en contra. Han vendido la educación de nuestros hijos al nacionalismo”.
Para Gascó, “la ley de la imposición lingüística es una ley mordaza. Los grupos tienen que decidir si defienden la participación o el rodillo, la libertad o la imposición. Los protagonistas son las familias que exigen libertad y los alumnos que ven pisoteados sus derechos”.
