En concreto pondrá en conocimiento de la fiscalía el decreto firmado por el alcalde de Rafal, al considerar que con este tipo de acciones mantiene una actitud «caciquil»
El Partido Popular pondrá en conocimiento del fiscal anticorrupción un decreto firmado por el alcalde de Rafal, Manuel Pineda, a través del cual le «resta competencias» a la secretaria-interventora del Ayuntamiento que dirige, al tiempo que le han exigido su «inmediata» retirada, e instado a la dirección provincial y al secretario general del PSPV-PSPE, Ximo Puig, a adoptar medidas.
En un comunicado, los populares han pedido también al primer edil «explicaciones públicas» ante lo que consideran una «alteración de la legalidad vigente y de la estructura organizativa municipal».
Asimismo y a juicio del PP, Pineda «carece» de potestad para «limitar, restringir o matizar las atribuciones de la secretaria-interventora» y, por ello, pedirá «indagar hasta el final» para conocer las razones reales que le han llevado a adoptar esta decisión».
«El alcalde de Rafal se ha excedido en sus atribuciones y, un político que ostenta una responsabilidad orgánica dentro del PSPV, debería conocer hasta dónde llegan esas atribuciones», han expuesto los populares, quienes han recordado que Pineda está siendo investigado por un presunto delito de prevaricación.
La formación ha considerado también que, con esta acción, el socialista se reafirma de nuevo en una conducta «caciquil» difícilmente justificable como, según el PP, ya lo ha demostrado con «el cambio de denominación de una calle contra la opinión de los vecinos, el bloqueo al acceso de la información pública de la oposición municipal para su correcta labor fiscalizadora, o utilizar el salón de pleno municipal para celebrar una rueda de prensa del PSPV».
«El secretario comarcal del PSOE se cree que está por encima de la ley al querer eliminar competencias legales de la secretaría intervención», han añadido.
Por su parte, el primer edil rafaleño, Manuel Pineda, ha justificado su acción alegando que la remodelación de la organización administrativa del Ayuntamiento se ha hecho «atendiendo a criterios de modernización de las áreas y de agilidad burocrática», con el fin de que los ciudadanos «obtengan un mejor servicio municipal».
Asimismo y en respuesta a la afirmación de los populares donde aseguran que no tiene atribuciones para llevar a cabo acciones de este tipo, se ha remitido al artículo 21 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, donde queda reflejado que «el alcalde es el presidente de la Corporación y ostenta las atribuciones de dirigir el gobierno y la administración municipal».
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