Un fallo del TSJCV anula la rescisión del contrato realizada en 2015 y obliga a devolverle la adjudicación de las basuras en la comarca a Cespa y Enrique Ortíz
El Partido Popular insta al Consorcio de Residuos de la Vega Baja y a la Generalitat Valenciana a presentar un recurso de casación respecto al fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anula la rescisión del contrato a la adjudicataria de la planta de tratamiento de residuos del Plan Zonal Vega Baja llevada a cabo por la Diputación Provincial en el año 2015.
El TSJCV ha dado la razón a la UTE formada por Cespa y Enrique Ortiz, y le devuelve la condición de adjudicataria de la planta de tratamiento de residuos de la comarca. Una adjudicación bajo sospecha que derivó en el ‘caso Brugal’, que investiga el presunto amaño del contrato del plan zona para beneficiar a la empresa del citado constructor.
Los populares recuerdan que la resolución del contrato, motivada por incumplimientos del contratista, fue apoyada con cinco informes jurídicos tanto de la Abogacía de la Generalitat, de los Servicios Jurídicos de la Diputación así como del dictamen encargado al catedrático Luciano Parejo. Todos los grupos políticos en el Consorcio de Basuras aprobaron estas medidas.
El Partido Popular, a través de un comunicado, expresó que respeta todas las decisiones judiciales, tanto la de la Audiencia Provincial, que dio la razón a la Diputación, como la del TSJ. No obstante, insta al Consell a recurrir el fallo a una instancia superior.
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