Alrededor de 200 vecinos reclaman actualmente este dinero que supera los 370.000 euros y «del que se desconoce su uso». Al parecer, fue a parar a la caja común municipal
La portavoz del equipo de Gobierno de Catral Mª Asunción Salinas (PSOE) ha denunciado públicamente que el Partido Popular, durante su etapa al frente del ayuntamiento, llegó a recaudar un total de 371.229 euros a través de una “tasa urbanística inventada” que se cobró a los propietarios de las viviendas ilegales de la huerta.
Este dinero se requirió a los vecinos durante los años 2009, 2010 y 2011 y, según ha comentado la edil, “se desconoce para qué se utilizó” puesto que, al parecer, fue a parar “a la caja común municipal”.
De hecho, en la actualidad alrededor de 200 propietarios –fueron 400 vecinos los que abonaron esta tasa frente a los 1.200 que tienen su vivienda en situación irregular- “están reclamando el pago de ese dinero”.
Al parecer, el objetivo principal de esta tasa y que supuestamente no se cumplió, era el de llevar a cabo un “estudio de la situación urbanística de las casas en la huerta” para resolver su estado irregular.
No obstante, lo que sí realizó el PP durante sus seis años de mandato según la portavoz fue un censo de las viviendas ilegales ubicadas en la huerta, así como la elaboración de un plan de minimización para poner fin a esta problemática y que, finalmente, fue rechazada en pleno tras la votación en contra de los miembros de la oposición (PSOE, Socialistas de Catral y Alternativa por Catral) que, en ese momento, gozaban de mayoría frente al PP que gobernaba desde 2011 en minoría.
En palabras de Salinas, ese plan de minimización era un “plagio” del redactado para el municipio de Redován y “no se podía aplicar en Catral” puesto que no se cumplían los mismos requisitos.
Frente a esto y desde que el tripartito (PSOE, Socialistas de Catral y Alternativa por Catral) entró en el Gobierno local, hace ahora un año tras la presentación de una moción de censura, el alcalde del municipio Pedro Zaplana (APC) ha confirmado que ha tratado de “buscar una solución a las viviendas ilegales puesto que sus propietarios se encuentran en un estado de inseguridad jurídica al no saber la situación de sus viviendas”.
Por ello, llevaron al pleno ordinario celebrado el pasado jueves 27 de marzo la aprobación definitiva de una ordenanza reguladora que salió adelante con los votos en contra del PP.
Respecto a este asunto, Mª Asunción Salinas ha explicado que con esta iniciativa “no se pretende legalizar las viviendas irregulares, sino reconocer el régimen legal aplicable a las viviendas y cómo regular su uso”. Con esta ordenanza se busca cumplir con las obligaciones que impone la ley de la vivienda que es cumplir una serie de requisitos para su legalización definitiva.
“Se hace para solucionar problemas como suministros de agua y luz”, ha dicho la portavoz, quien ha querido dejar claro que esta propuesta “no perjudica a ningún vecino del municipio puesto que, los afectados, deberán pagar la tasa correspondiente para la expedición de la licencia”.
Según los dirigentes, el PP votó en contra de esta iniciativa al considerarla “ilegal” y, por ello, anunció la posibilidad de poner en conocimiento de la Generalitat esta ordenanza urbanística con el objetivo de anularla.
Los vecinos afectados por las viviendas en situación irregular podrán acogerse a esta propuesta, previsiblemente, para el verano, después de que el tripartito lleve a cabo el correspondiente estudio.
Esta iniciativa impulsada por el equipo de Gobierno estará previsiblemente en marcha para el verano tras su correspondiente estudio económico y la aprobación definitiva prevista para el pleno ordinario del mes de mayo, siempre que no se presenten alegaciones en su contra.
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