Los populares aseguran que las sentencias del TSJ comenzaron a llegar en 2011, cuando Guillén era alcalde, y «no ha hecho nada» por solucionarlo en dos años
La presidenta del grupo municipal popular, Pepa Ferrando, y su portavoz, Mónica Lorente, han asegurado esta mañana que su formación no se va a replegar a las “coacciones” del bipartito. Las populares han calificado como “bochornoso espectáculo” la denuncia interpuesta ayer por el alcalde, Monserrate Guillén, y la concejal de Hacienda, Carolina Gracia, en los Juzgados de Orihuela por un presunto delito de desobediencia de los ediles populares al votar no a una modificación presupuestaria para afrontar el pago de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) relativas a la expropiación de la N-332.
Ferrando ha querido “desmontar” las acusaciones del regidor ecologista y se ha remontado al año 2011, cuando comenzaron a llegar las sentencias del TSJ al Ayuntamiento de Orihuela siendo Guillén alcalde. Ha recordado que desde ese entonces hasta ahora el equipo de gobierno no ha adoptado ninguna medida para afrontar el pago correspondientes a estas expropiaciones. La popular ha asegurado que en los presupuestos aprobados por el tripartito en 2012 -los únicos aprobados en la actual legislatura- no se contempló ninguna partida presupuestaria para este desembolso. De la misma forma, la presidenta del PP oriolano ha arremetido contra el equipo de gobierno que recientemente ha rechazado suscribirse al Plan de Pago a Proveedores puesto en marcha por el Gobierno estatal que recoge un punto específico para pagos de expropiaciones.
De esta forma, tanto Ferrando como Lorente han querido poner en evidencia que en dos años el actual equipo de gobierno no “ha tenido capacidad para resolver los problemas porque además no tiene voluntad”.
Los populares han convocado para el próximo miércoles una Comisión de Hacienda extraordinaria para debatir esta cuestión y plantear una solución. La portavoz del PP, Mónica Lorente, ha barajado la posibilidad de realizar una modificación presupuestaria para destinar parte del dinero recaudado en la venta de parcelas públicas en Orihuela costa para pagar los 1,2 millones de euros en sentencias del TSJ que el Consistorio adeuda a propietarias expropiados por el desdoblamiento de la N-332 en el año 2007.
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