Se abre el período de alegaciones públicas al proyecto presentado por el equipo de Gobierno que equilibra las entradas y salidas con una operación financiera de diez millones de euros y una imortante reducción en las partidas destinadas a las ayudas sociales
Con ocho meses de retraso y no exento de polémica el pleno del Ayuntamiento de Torrevieja ha aprobado en la mañana de hoy el Presupuesto General del 2014 con los votos a favor del Partido Popular y la abstención de los tres grupos de la oposición, que han anunciado alegaciones a un plan económico que según el concejal socialista Javier Manzanares rebaja la dotación económica para ayudas individualizadas en un 60%, las becas para estudios superiores en un 52%, las ayudas a pensionistas se reducen un 23% y el recorte en las subvenciones a los planes de empleo alcanza un 16%. Una cuestión no compartida por el edil de Hacienda, Joaquín Albaladejo que ha tildado estos presupuestos como los más complicados que ha redactado, equilibrados y que permitirán seguir manteniendo el gasto en Bienestar Social y en las ayudas singulares que otorga el consistorio sin subir los impuestos. Un criterio que no comparte el portavoz de Los Verdes que tildó la subida del IPC de muchas de las tasas municipales como un «sablazo» a los ciudadanos que han perdido poder adquisitivo al congelarse o rebajarse sus sueldos, pensiones o prestaciones por desempleo. Sobre la minoración del capítulo de subvenciones también habló Ángel Sáez quien criticó duramente que se redujeran en 100.000 euros las ayudas individualizadas de emergencia “porque el pasado año no se las gastaron” y que se mantenga una partida de 500.000 euros para publicidad en medios de comunicación. El portavoz socialista también remarcó el aumento de la deuda pública del Ayuntamiento de Torrevieja que se eleva hasta sobrepasar los 74 millones de euros, 15 millones más que en el pasado ejercicio, esto en parte por la suscripción de una nueva operación crediticia con una entidad financiera que asciende a 10.740.617,03 euros y que estarán destinados a pagar parte de los 19 millones de euros previstos para hacer frente a las expropiaciones efectuadas hace más de dos décadas, exigidas ahora por sentencias judiciales.
Tras casi cuatro horas de un debate en el que el portavoz del equipo de Gobierno excuso el retraso en la presentación de los presupuestos en la necesidad de adaptarlos a al plan de saneamiento, el plan de pago a proveedores, el plan de ajustes y las sentencias que condenan al Ayuntamiento al pago de las expropiaciones, el presupuesto ha sido aprobado de forma inicial con los votos de la mayoría de Partido Popular y la crítica de la oposición por diversos motivos. Para LV estos son unos presupuestos a medida de la gestión del PP en los que la inversión en mejorar los servicios o en infraestructuras necesarias para mejorar la vida de los ciudadanos brilla por su ausencia. Los socialistas criticaron duramente la reducción de las partidas sociales y las abultadas sumas para gastos que consideras «superfluios » y APTCe valora esta propuesta como “unos presupuestos para los más ricos”. Su portavoz Domingo Soler, que se quejó porque se presentaran antes a la prensa que a los concejales de la oposición, hizo mención al gasto diario que supone para el consistorio la deuda que mantiene con las entidades financieras, que le obliga a hacer frente a un gasto diario de 27.569 euros, más de 800.000 al mes, en concepto de amortización de capital y pago de intereses lo que para Soler es una muestra de la gestión irrespnsable del PP de las finanzas municipales.
A partir de este momento se abre el periódo de alegaciones que permite que cualquier ciudadano presente sus enmiendas al presupuesto municipal, si las hubiera estas serán debatidas en comisión de hacienda y el presupuesto volverá al pleno para ser debatido nuevamente y aprobado de forma definitiva.
Ordenanza reguladora de subvenciones
El último punto del orden del día también trajo un importante debate entre la oposición y el equipo de Gobierno, firmante de la propuesta de Ordenanza para regular las subvenciones municipales garantizando la transparencia y la igualdad de oportunidades, una regulación que para la oposición llega 11 años tarde ya que se exigía en la Ley General de Subvenciones aprobada en 2003 por el gobierno de José María Aznar. Por su parte Albaladejo defendió que se presentara en este momento la propuesta porque el cambio del marco jurídico-competencial así lo demanda.
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