A partir de ahora se abre el plazo para que la empresa adjudicataria del proyecto de gestión de residuos de la Vega Baja pueda presentar alegaciones contra el acuerdo
La Junta de Gobierno del Consorcio de Residuos del Plan Zonal XVII – Vega Baja ha aprobado hoy por mayoría, y con la única abstención del Ayuntamiento de Orihuela, la resolución del contrato de concesión de la obra pública del proyecto de gestión de residuos urbanos de la Vega Baja con la mercantil adjudicataria, la UTE Cespa-Ortiz (Cespa Gestión de Residuos Urbanos S.A y Enrique Ortiz e Hijos contratista de Obras, S.A).
Según la propuesta aprobada, se ha acordado incoar el procedimiento de resolución del contrato por incumplimiento del contratista de las obligaciones asumidas en el mismo. Por esta razón se ha establecido que, en caso de resolverse el contrato, se procederá a incautar la garantía definitiva depositada por la adjudicataria, que se eleva a 1,9 millones de euros.
La propuesta de resolución ha puesto de manifiesto que la UTE Cespa-Ortiz “no dispone de los terrenos necesarios para la construcción, por un lado, de la planta de residuos prevista en Albatera y, por otro, de la planta de transferencia que debía albergar Cox”.
Asimismo, la empresa tampoco ha podido obtener, tal y como se comprometió, las licencias y autorizaciones necesarias para la ejecución de estas infraestructuras.
La presidenta del Consorcio, Luisa Pastor, ha destacado que mediante este acuerdo “se insta al inicio del expediente de resolución del contrato por causa imputada al contratista por incumplimiento del contrato”.
Ha añadido, de esta forma, que “en todo este proceso hemos hecho las cosas paso a paso y hemos cumplido en todo momento la legalidad, lo que nos permite hoy adoptar esta decisión”.
En este sentido se ha pronunciado el vicepresidente del Consorcio, Javier Sendra, quien ha insistido en que “se están haciendo las cosas con tranquilidad, total legalidad y seguridad jurídica porque había una sentencia que cumplir, y así lo hicimos, y ahora, cuando ha habido incumplimiento del contrato por parte de la concesionaria, es cuando podemos proceder a su resolución”.
A partir de ahora y tras el acuerdo de la Junta se iniciará el expediente para dar audiencia a la mercantil y al avalista, que podrán presentar las alegaciones que consideren en el plazo de diez días naturales.
Una vez presentadas, en caso de que las hubiese, se solicitará el preceptivo informe al Consejo Jurídico Consultivo (CJC) de la Generalitat Valenciana, y se volverá a someter la decisión a la Comisión y a la Junta del Consorcio para que “voten definitivamente la resolución del contrato”.
Entre los asistentes a este pleno extraordinario, que se ha alargado alrededor de una hora y media, se encontraba el secretario general del PSOE de la Vega Baja, Manuel Pineda, quien ha opinado que esta nueva decisión busca “dilatar los tiempos” para llegar a las elecciones del próximo mes de mayo sin haber solventado esta situación.
En este sentido, ha recordado hasta llegar a esta decisión, el Consorcio ha encargado dos informes externos, uno a la Universidad Carlos III de Madrid y otro la Jaime I de Castellón. No obstante y según sus palabras, ha sido el informe emitido desde la Conselleria de Medio Ambiente, el decisivo para adoptar esta decisión. De hecho, a él se ha acogido el director general de Calidad Ambiental, Vicente Tejedo.
En esta sesión extraordinaria también ha estado presente uno de los miembros del colectivo Albatera No al Vertedero, José Domingo Guillén, quien ha mostrado su “satisfacción” con esta decisión, aunque ha querido dejar claro que “no podemos bajar la guardia porque no está claro lo que va a pasar”.
“No sabemos si se va a adjudicar este proyecto a otra empresa o definitivamente se va a cambiar el Plan Zonal, lo que permitiría aplicar la normativa europea al nuevo proyecto”, ha concluido.
Deja tu comentario