El equipo de gobierno aprueba el reconocimiento extrajudicial de crédito sin el apoyo de la oposición que acusa al alcalde de eludir su responsabilidad de levantar reparos
El Pleno municipal de Orihuela ha aprobado este jueves con los votos a favor del equipo de gobierno (PP y C’s), una propuesta de reconocimiento extrajudicial de crédito para reconocer 2,1 millones de euros en facturas pendientes de pago que van desde el 2011 hasta el año 2016. El PSOE y Cambiemos han votado en contra mientras que la concejal de Foro Demócrata, Pepa Ferrando, se ha abstenido.
La concejal de Hacienda, Sabina Galindo, ha señalado durante su intervención que con esta operación “se regulariza una situación que estaba poniendo en peligro el funcionamiento de la administración”. Se trata de diferentes facturas de la presente legislatura y de la anterior que estaban en los cajones y no se habían abonado por falta de consignación presupuestaria.
La deuda de esas facturas está “perjudicando” al Ayuntamiento en el cumplimiento del Periodo Medio de Pago a Proveedores, según ha señalado el portavoz municipal Rafael Almagro, quien ha señalado que tras la aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito “muchos proveedores van a ver cumplida sus expectativas de cobrar y se va a rebajar la deuda comercial del Ayuntamiento”.
Los ediles del PSOE y Cambiemos, han argumentado su voto en contra explicando que todas las facturas se han llevado al Pleno en un mismo lote y, por lo tanto, era el pleno el que levantaba esos reparos, algo que la oposición considera que es una responsabilidad que corresponde al alcalde, Emilio Bascuñana.
“Si el alcalde no se fía de levantar esos reparos nosotros tampoco”, ha dicho el concejal Javier Gracia de Cambiemos Orihuela. Por su parte la portavoz socialista, Carolina Gracia, ha matizado que de las facturas llevadas a Pleno solo 26 corresponden a la anterior legislatura mientras que 263 llevan reparo y son de los años 2016 y 2017. Lo que supone un montante de 250.000 euros en facturas con reparo. “Están instauran el mecanismo de eludir su responsabilidad mezclando su mala gestión con otras gestiones”, ha señalado Gracia.
Por su parte Almagro ha indicado que todas las facturas cuentan con el visto bueno de los técnicos “que confirman que los trabajos que se pagan se han realizado” y que el pago de los dos millones de euros se financia con el remanente de otras partidas “por lo tanto estamos gastando un dinero que tenemos”.
Alquileres
Entre otros asuntos el equipo de gobierno ha rechazado una moción del PSOE en la que se pedía que se suspendiera el alquiler de un local en el Centro Comercial Ociopía para el traslado de las dependencias de la Concejalía de Urbanismo y las áreas de Planeamiento y Patrimonio. Los socialistas pedían que se utilizara el dinero de ese arrendamiento (70.200 euros anuales) en acondicionar los antiguos Juzgados, ubicados frente a la Iglesia de Santa Justa, que el Ayuntamiento está en proceso de recuperar tras la cesión por parte de la Generalitat.
Desde el equipo de gobierno han justificado su negativa a la propuesta haciendo alusión a informes de Prevención en Riesgos Laborales que desde 2013 hablan de que los funcionarios de dichas áreas están trabajando en un espacio que no reúne las condiciones de salubridad que se requieren. «Para acondicionar el antiguo Palacio de Justicia hay que poner una obra en marcha que llevará su tiempo», ha dicho, y su intención es trasladar a los trabajadores «en un plazo máximo de dos meses» a las nuevas dependencias.
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