La corporación muestra su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y reclama al Gobierno central un aumento de la participación de las entidades locales en los fondos europeo
El pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado esta mañana por unanimidad distintas líneas de ayudas que permitirán distribuir entre los ayuntamientos de la provincia más de 10,5 millones de euros, entre los que destacan los nueve millones que se destinarán a todos los municipios para atender las prestaciones sociales derivadas de la pandemia. El resto de las subvenciones se gestionarán a través de distintas convocatorias impulsadas desde las áreas de Medio Ambiente, Arquitectura, Cultura, Deportes o Turismo.
El presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, ha agradecido el respaldo de todos los grupos políticos a estos programas, de forma especial al destinado a hacer frente al gasto social por el Covid-19, que se incrementa un 50% con respecto al pasado ejercicio y que llegará a los 141 municipios, primando en el reparto a los más pequeños. “Desde la Diputación de Alicante estamos haciendo un esfuerzo muy importante en materia social para impulsar estas ayudas, que son fruto del consenso y el acuerdo de todos”, ha destacado Mazón.
Respecto a esta línea extraordinaria de ayudas en material social sufragada con remanentes, la diputada Mª Carmen Jover, ha destacado, por su parte, que la misma se suma a los más de ocho millones que su área gestiona a través del presupuesto ordinario para financiar, entre otros programas, los servicios sociales de atención primaria de los municipios más pequeños.
Por otra parte, durante la sesión también se ha aprobado otra modificación presupuestaria, en este caso del Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca con el fin de inyectar 300.000 euros a ARA –Asociación de Restaurantes de Alicante- para contribuir a la recuperación económica de un sector especialmente afectado por la crisis del coronavirus.
Asimismo, se ha dado el visto bueno a las convocatorias de ayudas para la redacción de planes generales de municipios de menos de 5.000 habitantes, dotada con 150.000 euros, para la inversión en zonas verdes, con 500.000 euros, para mobiliario urbano, con 190.000 euros, para el equipamiento de instalaciones culturales de titularidad municipal, con 200.000 euros y para la adquisición de material deportivo, con 160.000 euros.
Otros asuntos
El pleno, celebrado de forma telemática, también ha aprobado por unanimidad el documento inicial del Reglamento del Consejo Social de la Provincia de Alicante, mientras que se ha rechazado, con los votos a favor de los grupos Popular y Ciudadanos, la abstención del PSOE y el voto en contra de Compromís, el recurso de reposición presentado por el portavoz de la formación valencianista, Gerard Fullana, contra los acuerdos de fiscalización de los grupos PP y Compromís de los ejercicios 2015 y 2016.
En este sentido, la diputada de Hacienda, María Gómez, ha indicado que este procedimiento, el que se fijan los importes que los grupos deben reintegrar a la Diputación por no estar debidamente justificados “no puede parar”, al tiempo que ha mostrado el compromiso del equipo de Gobierno, “en aras de la transparencia y la rendición de cuentas, de seguir aportando justificantes, según nos indiquen desde Intervención de la Diputación, sobre las transferencias realizadas. Vamos a ampliar toda la información necesaria porque no queremos que se genere ninguna sombra de duda sobre este proceso”. Asimismo, ha defendido el derecho de la oposición a fiscalizar la acción del gobierno, pero ha acusado a Fullana de “hacer políticas de titulares y de poner palos en las ruedas, únicamente buscando el beneficio político”
Por su parte, el portavoz de Cs, Javier Gutiérrez, ha aclarado el sentido de su voto a favor de la inadmisión de los recursos de Compromís “por cuestiones estrictamente técnicas, no por cuestiones de fondo”. Ha insistido en que “queremos las cuentas claras, las del PP y las de todos, y con esa intención respaldamos solicitar a través de una auditoría las de los grupos políticos presentes en la legislatura pasada con el fin de determinar, de una vez por todas, la utilización de las asignaciones y el destino de las mismas”. Gutiérrez ha pedido a Compromís “que también reintegre el dinero que según la Intervención gastaron injustificadamente y no se opongan al procedimiento necesario para hacer efectiva la devolución”.
Ha mostrado además su defensa de “imponer la más absoluta transparencia en la utilización del dinero público” y, con ese propósito, ya se ha invitado a todos los grupos de la Diputación a que publiquen la contabilidad de la dotación económica de 2020 en el Portal de Transparencia, “como nosotros tenemos intención de hacer”, ha apostillado el diputado de Cs.
Mociones
En el apartado de mociones, se ha debatido cerca de una decena de propuestas de los distintos grupos políticos, muchas de ellas aprobadas por unanimidad, como la presentada por la oposición referida al transfuguismo. Este es el caso también de la propuesta impulsada por el Grupo Popular y el de Cs para respaldar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como garantes del estado de derecho y condenar los actos violentos, independientemente de la ideología en la que se amparen y toda conducta antidemocrática que atente contra la convivencia y la paz. El portavoz del equipo de Gobierno, Adrián Ballester, que ha agradecido el apoyo del resto de grupos, ha criticado la actuación de “los delincuentes callejeros que, en las manifestaciones por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, se han amparado en un derecho constitucional para romper escaparates o destrozar mobiliario público”. “Ahora más que nunca es necesario arropar a nuestros héroes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, ha afirmado.
Además, toda la corporación ha respaldado la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Ciudadanos a la moción del Grupo Compromís en la que se solicitaba la creación de una mesa de consenso para la regeneración y modernización del Instituto Juan Gil-Albert. La vicepresidenta y diputada de Cultura, Julia Parra, ha explicado que “en nuestro ánimo está, por supuesto, mejorar en lo posible nuestro Instituto de Cultura y pensamos que la mejor manera de hacerlo es desde el entendimiento, el diálogo y el espíritu constructivo. Con la enmienda a la totalidad hemos querido tender la mano a todos los grupos para mantener el Juan Gil-Albert alejado de confrontaciones políticas y trabajar entre todos para intentar modernizarlo. Seguro que desde la actitud conciliadora vamos a llegar, en este sentido, mucho más lejos”.
Por otra parte, el pleno ha acordado también, a instancias de los grupos de gobierno, declarar el 24 de marzo “Día del Helado en la Provincia de Alicante”, así como la organización de actos simbólicos y lúdicos que promocionen este evento, según ha explicado el diputado de Infraestructuras y portavoz de Cs, Javier Gutiérrez. Además, se ha respaldado la creación del primer Instituto Tecnológico del Helado de la Unión Europea con sede en el municipio de Xixona y se ha solicitado a la Generalitat “un compromiso firme” de apoyo y financiación a esta iniciativa. “Hoy, más que nunca, debemos mostrar nuestro apoyo al sector heladero artesano”, ha manifestado Gutiérrez.
Todos los grupos han acordado, asimismo, en este caso a petición del Grupo Socialista, abrir una línea de ayudas a municipios para la realización de planes de reactivación del comercio relacionado con el turismo.
En otro momento del pleno, el PP y Cs han instado al Gobierno de España a reconocer la capacidad de gestión de las entidades locales sobre los fondos europeos de recuperación, al tiempo que se reclama un aumento hasta el 14,6% (20.000 millones de euros frente a los 1.483 millones asignados ahora, que representa un 1%) del porcentaje de participación asignado a los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y Consells Insulares y que el reparto se realice en el primer trimestre del año. La moción ha sido rechazada por el Grupo Socialista, mientras que Compromís se ha abstenido. El texto condena, por otra parte, la postura del Grupo Socialista en el Senado en la que ponía en duda la capacidad de los gobiernos locales para gestionar estos fondos y solicita la creación urgente de un Fondo de Reconstrucción Local por valor de 3.000 millones, así como la modificación del actual sistema de financiación local que incremente la participación en los ingresos del Estado.
El pleno de la Diputación ha aprobado, finalmente, con el único rechazo del Grupo Popular, la moción formulada por Fullana en la que exige al presidente de la Diputación la dimisión de Bernabé Cano “en cumplimiento de un acuerdo plenario”. Sobre esta propuesta, el portavoz de Cs ha explicado que el voto de su grupo a favor de la misma obedece a que “nuestra vara de medir es la misma con cualquier formación política, queremos un compromiso de todos para que dimitan o cesen los cargos que se hayan saltado la cola y exigimos a la Generalitat la lista de vacunados”.
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