La juez acuerda el archivo de la denuncia por considerar que la conducta de los denunciados es totalmente legal y está avalada por tres informes del Secretario-Interventor municipal
El Juzgado de Instrucción Nº 1 de Orihuela ha archivado la denuncia del PP contra el alcalde de Catral, Pedro Zaplana, de Alternativa por Catral, y tres ediles de su equipo de gobierno por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos.
La sentencia concluye que “la conducta de los de denunciados por el PP de Catral no encaja en ningún delito” y acuerda el archivo de la denuncia, sin perjuicio de que el regidor y los concejales denunciados -Roberto Llopis, Francisco Grao y Águeda Pérez- ahora pueden emprender acciones judiciales contra el denunciante Joaquín Lucas (PP) por manchar su honor y poner en duda su honradez.
El pasado 28 de julio, el portavoz del Partido Popular en Catral, Joaquín Lucas denunció en prensa que “la juez imputa al alcalde de Catral, Pedro Zaplana, por un presunto caso de sueldos encubiertos”, a raíz de una denuncia que el mismo presentó, en el mes de abril en los juzgados de Orihuela.
Ahora, el Juzgado de Instrucción nº 1 de Orihuela tras practicar el pasado 22 de noviembre, la declaración en sede judicial del denunciante y del Secretario-Interventor municipal, en calidad de testigos, ha dictado un auto en el que acuerda el archivo de la denuncia del portavoz del PP, por considerar que la conducta de los denunciados es totalmente legal y está avalada por tres informes del Secretario-Interventor municipal.
El Ministerio Fiscal, tras practicar las declaraciones de los testigos solicitó a la Juez el archivo de la denuncia del PP, por considerar que “no queda acreditada la comisión de ningún delito por los denunciados”, y que la posibilidad de invitar a las Juntas de Gobierno a los concejales del equipo de gobierno municipal, está amparada por la ley, y además el Secretario-Interventor así lo ha hecho constar en informes de fecha 23 de octubre de 2014, 6 de julio de 2016 y 25 de enero de 2018, además de ratificar el pasado 22 de noviembre en su declaración en sede judicial que es totalmente legal.
El fiscal, se adhiere a la tesis jurídica sostenida por el Secretario de la Corporación, y mantiene que es totalmente legal que el alcalde pueda invitar a los concejales no miembros natos de la Junta de Gobierno, para participar en las deliberaciones, y ser remunerados conforme había aprobado previamente el Pleno municipal.
El fiscal reprocha al portavoz del PP el uso político de la Justicia
El Fiscal reprocha al portavoz del PP, Joaquín Lucas, que ha tenido 5 años para recurrir a la vía contencioso-administrativa si no estaba de acuerdo con los informes del Secretario-Interventor, ya que según el Ministerio Fiscal, “esa es la jurisdicción competente para conocer este tipo de litigios, al no ponerse de manifiesto ninguna patente, grosera y aberrante ilegalidad en la forma de proceder del Alcalde denunciado”.
Tras conocerse esta resolución judicial, desde el equipo de gobierno de Catral han denunciado “el uso político de la justicia, llevado a cabo por el portavoz del PP”, ya que ha esperado 5 años para acudir a la vía penal, con el único objetivo de “intentar obtener un beneficio político calculando los tiempos para difundir en prensa hechos totalmente falsos, atentando contra el honor y la buena imagen del alcalde Pedro Zaplana, y de los concejales de Francisco Grao, Roberto Llopis y Águeda Pérez, y sus familias”, explican en un comunicado.
El alcalde de Catral y los tres concejales denunciados van a emprender acciones legales contra Joaquín Lucas (PP), por difamar su buen nombre, honradez, honor y su conducta impecable en la gestión del dinero público durante estos seis años de gobierno municipal.
“No le va a salir gratis poner en duda la honradez de nuestras familias”, ya que el portavoz del PP, presentó la denuncia en el Juzgado el pasado mes de abril, sabiendo que la conducta del equipo de gobierno era totalmente legal, pero “en su denuncia ya ocultó a la Justicia un informe del Secretario-Interventor municipal de fecha 25 de enero de 2018, donde se quedaba patente que la conducta del equipo de gobierno era totalmente legal, pero su finalidad era que admitieran a tramite la denuncia para poder vender en prensa su titular aun sabiendo que era mentira”, señalan en el mismo comunicado.
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