Esta primera sesión ha comenzado con dos días de retraso después de que el pasado martes la jueza se viese en la obligación de aplazarlo ante la ausencia de uno de los 18 acusados
El juicio contra el empresario oriolano Ángel Fenoll y 17 acusados más por supuesto fraude fiscal y falsedad en documento mercantil ha arrancado hoy, en el juzgado número 3 de Orihuela, con la exposición de las cuestiones previas por parte de los abogados de las acusaciones.
Este juicio comienza dos días después de lo previsto –la fecha de inicio estaba fijada para el pasado martes- ya que la jueza que instruye el caso se vio en la obligación de suspender la primera de las sesiones, a petición del fiscal Anticorrupción Pablo Romero, ante la incomparecencia del acusado Manuel López Poveda, sobre el que se ordenó su búsqueda y detención para estar presente en la vista de hoy, a la que finalmente sí ha asistido.
De esta forma, poco antes de las 10 de la mañana daba comienzo la vista de hoy, donde se han formulado un total de siete cuestiones previas tales como la resolución “con carácter previo” de la falta de designación de letrado -en la apertura de juicio oral en 2012- de siete de las once empresas implicadas en esta trama.
En concreto se trata de las mercantiles Anser 2000 CIAL. y Distribuciones del Sureste S.L.; Orieshu S.L.; Manipulados Puente Alto S.L.; Cuni Angora S.L.; Belsan CB; Explotaciones Gauna S.L. y Explotaciones Bideco S.L- a las cuales, según los abogados, “no se les ha dado la oportunidad de formular su escrito de defensa”.
Otra de las cuestiones planteadas ha sido la supuesta “vulneración del derecho a la no autoincriminación” al considerar, según ha explicado el abogado de Fenoll, José Celestino, que “no se puede coaccionar a una persona para que aporte determinada información” y, por ello, ha solicitado que ésta no sea utilizada como “prueba de cargo”.
En este sentido, se ha pedido también la “nulidad” de la documentación incluida en el expediente administrativo desde el mes de abril de 2007 puesto que, a juicio de los letrados, la inspectora encargada de elaborar dicho expediente debería haber puesto en conocimiento de la justicia cualquier indicio de delito.
Han hablado, además, de una “vulneración del derecho de defensa” puesto que el escrito emitido por el fiscal “no concreta” qué facturas de las emitidas por la Estación de Servicio Santa Cruz S.A. a Proambiente S.L, en concepto de combustible, “son falsas”.
Durante esta sesión de cuestiones previas se ha planteado, por otro lado, la posibilidad de “prescripción del delito continuado de falsedad documental, incluido el delito contra la Hacienda Pública”, y también el “quebrantamiento de normas esenciales en el procedimiento por la falta de entrega de los escritos a la acusación”.
Por último, ha sido el abogado de la mercantil Proambiente S.L, el que ha solicitado la aplicación del Código Penal vigente.
Tras el planteamiento de las cuestiones previas, los abogados han entregado al juzgado las pruebas que van a utilizar en este juicio, y han propuesto del mismo modo los testigos y peritos que participarán en esta causa a lo largo de este mes de marzo –tiempo que está previsto que dure el juicio-.
La siguiente cita está prevista para el próximo lunes, 10 de marzo, donde se resolverán estas cuestiones previas planteadas y comenzará la ronda de declaraciones con el principal acusado en esta trama, Ángel Fenoll Pérez, quien se enfrenta a penas que suman 36 años de cárcel por once delitos contra la Hacienda Pública y otros dos continuados de falsificación en documento mercantil.
Junto a Fenoll está previsto que declaren también Francisco Mateo, Juan Antonio Escolano Belmonte, Cristóbal Pérez.
El escrito elaborado por la Fiscalía Anticorrupción mantiene que los 18 implicados en este hecho habrían confeccionado un total de 1.330 facturas «por prestaciones de servicios o entrega de mercancías a favor de las entidades Colsur S.L. y Proambiente S.L., que no habían sido realizadas».
Asimismo y según refleja el documento elaborado por el ministerio público, al parecer Fenoll «facilitaba a los emisores de las facturas datos tales como el servicio o la mercancía supuestamente prestado o entregada, o el importe a consignar» con el objetivo de «deducir gastos y cuotas del IVA».
Otro de los implicados en esta causa es el exconcejal del PP de Albatera Francisco Javier Bru, acusado de presentar un total de 225 facturas que, según la fiscalía, «reflejaban operaciones que nunca se realizaron» por poco más de 300.000 euros, mientras que «la cantidad de IVA soportado indebidamente justificada ascendería a 48.366 euros».
Su declaración está prevista para el próximo martes junto a Víctor Huertas Martínez, Francisco Ibáñez, Miguel López Poveda y José Nicolás Mirete, entre otros.
El miércoles será el turno de Iginio Sánchez Belmonte, Raúl Belmonte García, Agustín Martínez Guerrero, José Ródenas Alonso, Rufo Martínez Martínez y Diego Martínez Martínez. Igualmente, el jueves se tomará declaración a Rafael Martínez Riquelme y Justo Pedreño, así como a los responsable civiles.
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