El 14 de mayo se celebrará la vista que ha sido suspendida dos veces
El proceso judicial abierto en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Elche por los catorce concejales del Partido Popular y CLR, contra la decisión de la Mesa de Edad que el pasado 3 de enero no permitió abordar la moción de censura que hubiera dado la Alcaldía a la popular Pepa Ferrando, se iniciará este próximo miércoles con la vista que se celebrará en los juzgados ilicitanos.
Es la tercera vez que el magistrado cita a las partes, pero las dos primeras la vista ha acabado suspendiéndose por el caos que suponía no saber qué abogado debía representar al Ayuntamiento en este procedimiento ya que el equipo de gobierno (PSOE y Los Verdes) ya había designado un letrado mediante un decreto del alcalde Monserrate Guillén, mientras que PP y CLR nombraron a otro para el mismo procedimiento alegando que es el Pleno – donde ellos tienen la mayoría- quien debe asignar abogado como ayer mismo reconoció el Secretario General del Consistorio en un informe.
La novedad es que el juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche ha emitido esta mañana un auto en el que concluye que la elección del abogado que debe defender al Ayuntamiento de Orihuela se decidirá en un procedimiento diferente y anuncia que no paralizará la vista del próximo miércoles.
Una noticia que tanto populares como liberales han calificado de “positiva” porque entienden que el magistrado quiere resolver el contencioso interpuesto por vulneración de derechos fundamentales lo antes posible.
Tanto el portavoz de CLR, Juan Ignacio López-Bas, como el popular Dámaso Aparicio han hecho una rueda de prensa conjunta para mostrar su satisfacción “porque el juez le dice al bipartito que no va a paralizar el proceso”, algo que según ambos ha sido la única intención del equipo de gobierno.
Abogado por decreto
Mientras otro procedimiento judicial decide qué abogado debe defender al Ayuntamiento contra el contencioso interpuesto por el PP y CLR, el letrado que hará está labor será el que designó el regidor Monserrate Guillén a través de un decreto.
Como ha explicado el liberal López-Bas podría darse la paradoja de que el Juzgado resolviera antes si la decisión de la mesa de edad fue ajustada a derecho o no que quién es el letrado que debe representar al Consistorio oriolano en este procedimiento.
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