El alcalde, Manuel Pineda, asegura que “el que primero pintó la calle fue el Ayuntamiento de Orihuela y usó para ello un control policial durante varias semanas”
El alcalde en funciones, Manuel Pineda, ha salido al paso de las declaraciones efectuadas a los medios de comunicación por el concejal de Urbanismo de Orihuela, Rafael Almagro, sobre el informe del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Dicho informe se basa en el Plan General de Ordenación Urbana de Rafal y, por lo tanto, “está diciendo que la calle Infanta Elena es propiedad rafaleña, tal y como nosotros ya dijimos desde el primer momento”, ha asegurado Pineda, y ha añadido que “el detonante en plena campaña electoral fue el cambio de señalización y el borrado de las líneas de la calzada por parte del Ayuntamiento de Orihuela”.
El regidor rafaleño ha negado su interés electoral en esta discrepancia “como a la mayoría absoluta en Rafal y la minoría absoluta de Emilio Bascuñana en Orihuela”.
Asimismo, el informe determina que el análisis que se hizo en un primer momento presentaba un desplazamiento de unos 200 metros respecto a lo descrito en la mencionada acta. Ante esto se realizó una revisión de oficio y en el informe se detalla que la precisión del deslinde realizado en 1896 no permite definir claramente los límites del término municipal de Rafal, y si se quiere mejorar la línea límite deberían desarrollarse por un técnico experto en topografía a través de los trabajos técnicos que sean preceptivos.
“Es totalmente falso que este informe le esté dando la razón a Orihuela, porque ni siquiera su Plan General de Ordenación Urbana está actualizado, ya que data de los años noventa”, ha afirmado Pineda, y ha añadido que “no hay nada más electoralista que sembrar el miedo y la incertidumbre, como han hecho con Rafal, primero cambiando señales, después pintando las líneas de la carretera, con la confusión que eso puede generar entre los vecinos de la zona, y por último dejando dos patrullas de policía política custodiando una calle como si se tratara del Telón de Acero”.
Pineda ha mostrado su satisfacción de que “por fin un alcalde del PP de Orihuela cumpla con la ley, algo inusual entre todos sus antecesores, y decida acatar los límites de la corrección política. Es mejor que pida informes y no que convierta las calles de un pueblo en una zona militarizada para intentar sembrar el miedo”.
El informe del IGN también puntualiza que en caso de que no hubiera acuerdo en la fijación de la geometría, se iniciará el correspondiente expediente de deslinde de resolución de divergencias que sería resuelto por la Dirección General de Administración Local de la Generalitat Valenciana.
Por último, Pineda ha explicado que tanto esta cuestión como el expediente de adhesión de las casas baratas al municipio de Rafal seguirá su curso y “será el Consell Juridic Consultiu y el Consell Técnico de Delimitación Territorial quienes tendrán que emitir sus informes y, a partir de ahí, veremos su desenlace”.
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