Además, solicitan incluir nuevas medidas procesales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para mejorar la protección de las personas físicas o jurídicas que sean propietarias o poseedoras legítimas de una vivienda o inmueble
El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Orihuela pide el endurecimiento de las penas en caso de ocupación de viviendas e inmuebles, especialmente en el caso de mafias, recuperando el delito usurpación de bienes inmuebles con penas de entre 3 y 5 años, según se recoge en la moción que se debatirá en el Pleno de mañana.
Además, solicitan incluir nuevas medidas procesales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para mejorar la protección de las personas físicas o jurídicas que sean propietarias o poseedoras legítimas de una vivienda o inmueble con el objetivo de recuperar la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de la misma sin su consentimiento. Proceder al desalojo de la vivienda ocupada en situación de flagrante delito o, en caso de que no lo sea, en 24 horas por parte de la Policía.
El exalcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana ha explicado que a todas estas medidas hay que añadir la imposibilidad de que se puedan empadronar y tener acceso a determinar beneficios y endurecer las penas en caso de que se trate de mafias organizadas. “También debemos distinguir con claridad cuando estamos hablando de situaciones de vulnerabilidad o exclusión social dando a las familias la protección necesaria en una situación de emergencia. A un okupa no se le desahucia, se le desaloja, y al vulnerable se le protege, sin que el Estado traslade a la ciudadanía sus propias responsabilidades en ninguno de estos dos casos”.
En esta misma moción, el Grupo Popular solicita que se habilite a las comunidades de propietarios como personas jurídicas para que puedan iniciar los procesos de recuperación de la vivienda en aras de una mejor convivencia y evitando actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. Además de evitar la inscripción en el padrón municipal de un ocupante ilegal para que ésta no constituya prueba de su residencia o domicilio ni les atribuya ningún derecho. “Para ello los Ayuntamientos darán de baja de oficio o a instancia del propietario o poseedor real legítimo las inscripciones en cuanto tuvieran conocimiento de ello”, ha añadido Bascuñana.
Finaliza la moción pidiendo modificar la legislación tributaria para la reducción de obligaciones contributivas de arrendadores que justifiquen la no percepción de rentas.
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