Esta conclusión se deriva de las respuestas enviadas del Congreso de los Diputados al diputado socialista por parte, Herick Campos, después de que este preguntase acerca de esta cuestión
El Gobierno de España apoya la decisión de la Mesa de Edad constituida para el pleno extraordinario del pasado 3 de enero en Orihuela de impedir que prosperase la moción de censura, presentada por los doce concejales del PP y los ediles de CLR Pedro Mancebo y Juan Ignacio López-Bas contra el ejecutivo local, actualmente en minoría, y conformado en la actualidad por seis concejales del PSOE y tres de Los Verdes.
Esta conclusión se deriva de la respuesta facilitada desde el Congreso de los Diputados al diputado socialista Herick Campos, después de que éste preguntase a la Cámara Baja por el tema de la moción de censura de Orihuela.
Según este escrito, la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana -encargada de llevar a cabo el control de la legalidad de los actos y acuerdos de los entes locales- «ni ha estudiado ni se ha planteado» recurrir la decisión adoptada por la Mesa de Edad, compuesta por la edil socialista Carolina Gracia y el concejal no adscrito Bob Houliston, de que no prosperase dicha moción.
Ambos consideraban que durante el pleno extraordinario donde se debía debatir y votar la moción de censura ésta «no cumplía todos los requisitos exigibles» al considerar que los ediles Pedro Mancebo y Juan Ignacio López-Bas no pertenecían a la coalición CLR-CLARO con la que concurrieron a las elecciones de 2011.
Y es que, el pasado 26 de diciembre, la junta directiva de la coalición decidió por unanimidad de los presentes -a la reunión acudieron cinco de los ocho miembros, entre los que no se encontraban los ediles afectados- la expulsión de ambos al considerar que habían actuado fuera de las líneas de la coalición.
Asimismo el escrito de respuesta refleja también que «el servicio de administraciones territoriales consideró que no existía vulneración del ordenamiento jurídico» y, como consecuencia de ello, «no requirió al Ayuntamiento para que anulara el acuerdo».
En este sentido, deja claro que la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana «actúa siempre de acuerdo con el principio de legalidad y respecto al ordenamiento jurídico, impugnando, en su caso, ante la jurisdicción contencioso-administrativa aquellos actos y acuerdos de los entes locales que considere contrarios a la legalidad vigente».
Por último y en respuesta a la cuestión formulada por Campos acerca de la actuación de Delegación del Gobierno en otros casos similares, desde el Gobierno han sentenciado que su delegación en la Comunidad «ha mantenido el mismo criterio jurídico que se ha tenido en otros supuestos de acuerdos sobre mociones de censura».
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