Francisco Javier Bru ha declarado hoy como imputado en el juicio contra el empresario oriolano, Ángel Fenoll, por supuesto fraude fiscal y falsedad en documento mercantil
El macrojuicio contra el empresario oriolano, Ángel Fenoll, por un supuesto fraude fiscal y falsedad de documento mercantil –iniciado el pasado jueves 6 de marzo- y en el que están implicadas otras 17 personas y once empresas, sigue adelante con la ronda de declaraciones de los imputados en esta causa, iniciada en el día de ayer por el propio Fenoll, quien respondió únicamente a las preguntas formuladas por su letrado.
Si en el día de ayer era el principal acusado en esta trama el que hablo sobre este asunto, hoy le ha tocado el turno, entre otros, al exconcejal de Albatera Francisco Javier Bru (PP), quien ha mantenido durante su declaración que sí se realizaron todas las operaciones facturadas a la mercantil Proambiente, propiedad de Fenoll.
El edil popular está acusado de presentar un total de 225 facturas que, según sostiene fiscalía, “reflejaban operaciones que nunca se realizaron” por poco más de 300.000 euros, mientras que “la cantidad de IVA soportado indebidamente justificada ascendería a 48.366 euros”.
Precisamente Bru ha negado esta acusación al responder a las preguntas de su letrado, puesto que no ha contestado a las cuestiones formuladas por el fiscal Anticorrupción, Pablo Romero, acerca de su relación con la mercantil Proambiente, o las añadidas por el abogado del Estado, alegando que “jamás se emitieron facturas tachadas de falsas” a Proambiente.
Durante su comparecencia en el juzgado número de 3 Orihuela, que instruye el caso, el exedil albaterense ha confirmado que su actividad laboral estaba relacionada con automóviles, maquinaria industrial y lavado, así como que mantenía una relación comercial con la citada mercantil.
En este sentido, ha informado que entre los años 2000 y 2003 –tiempo que prestó sus servicios a Proambiente- tenía bajo su responsabilidad a un total de cinco trabajadores (un mecánico, un oficial, dos peones y una administrativa), de los cuales «ingresaba las retenciones del Impuesto de Renta de las Personas Físicas (IRPF)».
Del mismo modo, ha querido dejar claro que cumplía con las declaraciones trimestrales y anuales del IVA.
Su representante legal le ha preguntado también acerca de las supuestas discrepancias existentes en las facturas que emitió a Proambiente, realizadas en su mayoría a través del jefe de taller de la empresa y donde, al parecer, varias de ellas tenían “conceptos prácticamente idénticos, mientras sus precios se duplicaban”.
Concretamente, su abogado ha dividido estas facturas en tres grupos diferentes: mantenimiento y engrase de la maquinaria; lavado y engrase del vehículo, y trabajos de reparación de vehículos del parque móvil de la planta de Abanilla (Murcia) -el vertedero de Proambiente está ubicado entre este término y el municipio de Orihuela-.
A este respecto, Bru ha explicado que esa diferencia de valor económico se debe, fundamentalmente, “a trabajos de mantenimiento habituales de la maquinaria industrial y fija” y, por otro lado, “a aquellos extraordinarios de cuidado” puesto que, según sus palabras, “se recomendaba un mantenimiento exhaustivo cada dos o tres años”.
En cuanto al pago de las facturas por parte de Proambiente, Bru ha detallado que éste se efectuaba mediante ingreso en la cuenta corriente de la que semanalmente, tal y como ha explicado, retiraba cantidades de dinero en efectivo para “pagar ciertas piezas, la nómina de algunos de los trabajadores y a los proveedores”.
Por último, Francisco Javier Bru ha querido dejar claro, a una de las preguntas formuladas por su abogado, que “desconocía” la existencia de un supuesto plan para emitir facturas falsas por parte de Proambiente.
Las declaraciones del resto de acusados y responsables civiles de las empresas implicadas en este caso se extenderán hasta el próximo jueves, mientras que la próxima semana la jueza escuchará a los testigos y peritos llamados a declarar por este caso.
Según el escrito del fiscal, el presunto fraude se cometió durante los años 2002, 2003 y 2004 a través de la declaración del Impuesto Sobre el Valor Añadido y del Impuesto de Sociedades.
Fiscalía mantiene que los 18 implicados en este hecho habrían confeccionado facturas «por prestaciones de servicios o entrega de mercancías a favor de las entidades Colsur SL y Proambiente SL, que no habían sido realizadas».
Siguiendo con el escrito elaborado por el ministerio público, al parecer Fenoll «facilitaba a los emisores de las facturas datos tales como el servicio o la mercancía supuestamente prestado o entregada, o el importe a consignar» con el objetivo de «deducir gastos y cuotas del IVA».
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