Raúl Valerio Medina ha asegurado que «todas las personas que han formado parte del Ayuntamiento han realizado funciones y trabajos para la Administración local»
El exalcalde de Bigastro Rául Valerio Medina (PSOE) ha declarado hoy como imputado por un presunto fraude relativo al “pago y cotización” a la Seguridad Social Agraria a favor de medio centenar de vecinos que, según la denuncia presentada en abril de 2013 por la actual alcaldesa Charo Bañuls (PP), “no ostentaban la condición de trabajadores del Ayuntamiento”.
A su salida del Juzgado de Instrucción número 1 de Orihuela, el socialista ha asegurado que todas las personas que han formado parte del Ayuntamiento de Bigastro -durante su etapa como regidor entre 2008 y 2011- «han realizado funciones y trabajos para la Administración local”.
En declaraciones Diario de la Vega, el exregidor ha afirmado que “no se ha podido acreditar en ningún expediente nada de lo que se me acusa”, al tiempo que ha asegurado que ha quedado “perfectamente documentado” que las dos personas que se le atribuyen a su mandato “realizaron las tareas” para las que fueron contratadas.
“Entiendo que durante mi gestión todo se hizo de manera correcta y las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores fueron abonadas tanto en 2007 como en 2009”, ha dicho Medina quien, de esta forma, contradice las afirmaciones de la alcaldesa y el edil de Hacienda, Antonio González (PP), en las que aseguraban que “no se habían pagado los seguros agrarios”.
En la denuncia presentada por Bañuls se hablaba de la supuesta existencia de altas, afiliaciones, cotizaciones y pagos de las cuotas de la Seguridad Social Agraria a vecinos por parte del Ayuntamiento entre los años 2002 y 2011, que podrían derivar en un posible delito de falsedad en documento público, malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude y exacción ilegal.
Durante estos nueve años, el socialista ejerció primero como concejal de Hacienda, bajo las órdenes del entonces regidor José Joaquín Moya (PSOE) -alcalde entre 1983 y 2008-, que también ha declarado en el día de hoy, y a quién sucedió en 2008 después de que este último fuese detenido y encarcelado, en su momento, por un presunto delito urbanístico.
De la documentación presentada en la denuncia se extrae tanto Medina como Moya podrían haber actuado de forma «deliberada y a sabiendas posiblemente de su injusticia», al ordenar estos pagos «sin la tramitación del correspondiente expediente administrativo, ni mediante la adopción de un acuerdo o resolución municipal que justificase su actuación torcida».
El exregidor, quien ha respondido a todas las preguntas realizadas por la Fiscalía y la jueza, se ha mostrado satisfecho con su declaración porque, según sus palabras, ha quedado claro que el Ayuntamiento de Bigastro, en contra de lo que al parecer se detallaba en el informe de la Magistratura de Trabajo, “sí tenía competencias para tener trabajadores agrícolas” y tratar asuntos relacionados con este ámbito.
Según sus palabras, en la década de los 80 el Ayuntamiento adquirió el trabajo de las cámaras agrarias tras su desaparición. De hecho, “en los últimos años el Consistorio ha ingresado una media de 15.000 euros gracias a la venta de parcelas municipales de la huerta” ha añadido.
Por último, ha instado al equipo de Gobierno (PP) a dejar de “perseguir a los cerca de 50 vecinos de Bigastro, que no han cometido ningún delito, y que utiliza como arma política para atacarme a mí y al PSOE local”.
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