Raúl Valerio Medina ha negado hoy ante la Juez que desviara esos fondos estatales y ha asegurado que siempre se utilizaron para fines municipales
El ex alcalde de Bigastro, Raúl Valerio Medina, ha negado esta mañana ante la Juez que en su etapa al frente del Ayuntamiento bigastrense desviara fondos del Plan E. El socialista estaba citado esta mañana en los Juzgados de Orihuela para declarar en calidad de imputado por un presunto delito de desvíos de fondos público, fraude en subvenciones y falsedad documental a raíz de una denuncia interpuesta por el equipo de gobierno de la localidad en marzo de 2012.
Según esta denuncia, la empresa ejecutora de la reurbanización de la Avenida Apatel, prevista con la subvención del Plan E, nunca llegó a cobrar el total de esta obra con la financiación estatal pese a que las arcas municipales sí recibieron la cantidad de forma íntegra.
Valerio Medina ha dicho ante la Juez que el dinero que provenía del Plan E “siempre se usó para fines municipales y que en ningún momento se han falseado documentos”. Lo cierto es que los fondos estatales se utilizaron para otros fines que no fueron las obras previstas por el Plan E. Algo que el ex regidor ha justificado en que solo existía una cuenta municipal en el Ayuntamiento de Bigastro en la que entraban además de los fondos del Gobierno central todo tipo de ingresos, lo que hacía complicado gestionar todos los movimientos de esta cuenta.
“Lo que hacíamos era utilizar ese dinero para poder hacer frente para los gastos básicos del Ayuntamiento. Era la única forma de sobrevivir y mantener abierto el Consistorio de Bigastro”, ha reconocido. El ex regidor ha puesto de manifiesto que con ese dinero se pagaron las nóminas de los funcionarios municipales y facturas ordinarias del Consistorio pero que nunca se desviaron fondos, siempre se utilizaron para un fin municipal.
El ex alcalde ha explicado que el 70 por ciento de la obra de la reurbanización de la Avenida Apatel – 400.000 euros- se pagó con el Plan E durante su mandato y el 30 por ciento restante – 106.000 euros – se abonó hace un año a la mercantil a través del Plan de Pago a Proveedores que realizó el actual gobierno que dirige Charo Bañuls.
Para el socialista esta denuncia interpuesta por la alcaldesa popular y su entonces socio de gobierno, Aurelio Murcia, corresponde “a un fin exclusivamente político”.
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