Informes de Contratación e Intervención aseguran que el contrato con la mercantil fue adjudicado a dedo y firmado por el exconcejal Jaime Canales sin pasar por los servicios técnicos ni administrativos
El equipo de gobierno callosino, formado por PSOE, EU y Somos, solicitará en el próximo Pleno la nulidad del contrato de instalación de aire acondicionado en el Mercado de Abastos firmado por el exconcejal de Comercio Jaime Canales y por el que la empresa reclama al ayuntamiento 151.500 euros por intereses de demora.
Según ha informado el actual concejal de Hacienda y Contratación Rubén Manresa, tras conocer la deuda reclamada por la mercantil ITEM SL, el equipo de gobierno solicitó informes a los departamentos de Contratación e Intervención de los cuales “se puede extraer que el contrato firmado por Canales se adjudicó a dedo, sin ningún tipo de publicidad, y se firmó sin pasar por los servicios administrativos por lo que ningún funcionario vio este contrato hasta el pasado 16 de octubre cuando la compañía reclamó los intereses de demora”.
Manresa ha explicado que el exedil Canales únicamente pasó por Junta de Gobierno la factura para su conformidad, “no el contrato, y lo hizo el 30 de abril de 2015, tres meses después de la aplicación de la cláusula de los 500 euros por día de retraso en el pago”.
Autodenuncia
El pasado 6 de noviembre, según informa Manresa, Canales remitió un escrito al Ayuntamiento informando de que se había buscado un abogado y había iniciado una denuncia contra sí mismo ante la fiscalía de Orihuela, solicitando que se investigara la posible comisión de delito. “Desde el equipo de gobierno, esta misma mañana, hemos facilitado toda la información de la que dispone en Ayuntamiento a la Fiscalía para que investigue la causa”, ha indicado Manresa.
El edil de Hacienda y Contratación ha informado de que, en caso de que el fiscal abriera investigación sobre la causa, “desde el Ayuntamiento no dudaríamos en personarnos en el procedimiento: entendemos que existe una gravísima irresponsabilidad impropia de un concejal por firmar documentos sin contar con ningún órgano oficial del Consistorio”.
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