El Consorcio proyecta con Cespa Ortíz habilitar plantas de tratamiento en varias localidades de la Vega Baja para evitar un vertedero

La presidenta del Consorcio Vega Baja Sostenible, Teresa Belmonte, ha comparecido hoy arropada por alcaldes y concejales populares de la comarca para explicar el modelo de residuos en el que se está trabajando para la la Vega Baja y que supone realizar varias plantas de tratamiento en distintas localidades así como potenciar la red de ecoparques.

Un proyecto que se está elaborando con la UTE de empresas Cespa-Ortíz, después de que el Tribunal Supremo haya confirmado la sentencia del TSJ de 2019 y haya ratificado a esta UTE como la empresa adjudicataria del plan zonal de residuos de la Vega Baja.

El Alto Tribunal ha inadmitido el recurso presentado por la anterior presidencia del Consorcio y deja sin efecto el acuerdo de la junta de gobierno del Consorcio de la Vega Baja, que en 2015 rescindió el contrato con la citada UTE.

Ahora el consorcio tiene hacer frente a la ejecución de un plan que se aprobó hace casi 12 años, para no tener que indemnizar al adjudicatario. “Quiero lanzar un mensaje de tranquilidad a los vecinos de la comarca y decirles que no habrán indemnizaciones», ha indicado Belmonte, quien ha explicado que una de las condiciones que se han puesto encima de la mesa a la hora de desarrollar el proyecto de gestión de residuos con Cespa-Ortíz es que la UTE concesionaria, una vez que se ejecute ese contrato, tendrán que desistir de los procedimientos abiertos. Una condición que la empresa habría aceptado.

El Consorcio ya ha pedido a los ayuntamientos de la comarca que presenten la documentación con el suelo libre disponible principalmente en sus polígonos industriales para poder llevar a cabo plantas de tratamiento para los restos orgánicos. Un proyecto en el que el Consorcio está trabajando desde el pasado mes de mayo.

Belmonte no ha detallado cuántas de estas plantas se pondrán en funcionamiento pero sí ha indicado que se habilitarían en función de la densidad de población, por lo que las ciudades con mayor número de habitantes podrían hacerse cargo del tratamiento de localidades vecinas.

Estas plantas convivirían con la Planta de Transferencia que se está ultimando en Dolores, con capacidad para dar cobertura al 90% de los residuos de la comarca. Está previsto que la ejecución de la misma concluya el 31 de julio y que pueda comenzar a funcionar a partir del mes de septiembre, según ha confirmado la presidenta del Consorcio.

“Si este modelo sale adelante existe el compromiso por parte del Consell de no tener que realizar un vertedero de gran capacidad en la comarca porque será tan mínima la cantidad de residuos de rechazo a vertedero que podremos solventarla con acuerdos y convenios con otros consorcios de la provincia”, ha explicado.

Belmonte se ha mostrado muy crítica con los socialistas de la comarca, que tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo acusaron a la presidenta del Consorcio de falta de transparencia al estar preparando un plan de gestión que aseguran desconocer.

Teresa Belmonte ha anunciado que el PP comarcal está valorando tomar acciones judiciales contra esas manifestaciones y ha conminado a los representantes del PSOE comarcal que «si tienen alguna duda de la legalidad, váyanse al juzgado y pídanle a la Fiscalía que investigue».