El fiscal del caso solicita que se declare el procedimiento «instrucción compleja» por entender que la causa no podrá estar conclusa en los 18 meses que marca la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
La jueza del Juzgado Nº 3 de Orihuela, Rosa María Villegas, en el que se instruye el caso ‘Brugal’, que investiga la trama corrupta vinculada al negocio de la basura en la Vega Baja, ha emitido el pasado 21 de diciembre un auto por el que se solicita, a pedido del Fiscal Anticorrupción, Pablo Romero, al Consorcio de Residuos del Plan Zonal de la Vega Baja que cuantifique los gastos que el incumplimiento del proyecto ha ocasionado a la comarca a fin de fijar las posibles responsabilidades civiles derivadas de una posible condena de los ahora encausados, entre los que destacan de la comarca de la Vega Baja los nombres de los empresario Ángel Fenoll y la ex alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente.
La petición hecha por el Ministerio Fiscal no es sencilla, ya que son muchas las quejas aún no cuantificadas de los Ayuntamientos afectados por el aumento de los costes de la recogida de basuras debido al retraso de la puesta en marcha del Plan Zonal que les obliga a desplazar los desechos de la Vega Baja a Xixona, Elche y Villena.
El auto del pasado 21 de diciembre exhorta al Consorcio de Residuos del Plan Zonal a emitir un informe técnico relativo a “los gastos que ha tenido este organismo que agrupa a los 27 municipios de la Vega Baja desde la fecha de su constitución hasta ahora. En el informe se deberán de indicar los gastos por año e incluir todos, no sólo los presupuestados, sino también cualquier otro generado en el expediente de adjudicación del contrato de concesión de obra pública del proyecto de gestión de residuos urbanos”.
Otra de las cuestiones puestas sobre la mesa es la personación del Consorcio en las actuaciones, una aspiración del Ministerio Fiscal que desde el PSOE valoran como un respaldo a la postura mantenida por los socialistas en el Consorcio desde el principio de la investigación en el que defendían la personación del Consorcio como acusación particular para poder reclamar “los perjuicios que se le hubieran ocasionado como consecuencia de los hechos delictivos que se están investigando en la causa”.
El macro procedimiento en el que se investigan 17 posibles tramas que implican a más de 40 personas entre políticos, técnicos de la administración y conocidos empresarios de Alicante, tiene una especial incidencia en la Vega Baja en el que su principal investigación se centra en la adjudicación de la contrata de basuras de Orihuela y el millonario contrato de los desechos de la Vega Baja.
En este sentido el Ministerio Fiscal también ha pedido información sobre la situación en la que se encuentra el contencioso-administrativo, ya resuelto por el juzgado número 2 de Alicante, por el que se desestima el recurso presentado contra la decisión adoptada el 21 de enero de este año de resolver el contrato por un supuesto incumplimiento por parte de la adjudicataria, la UTE Cespa-Ortiz, por no abrir en plazo la planta de transferencia prevista en Cox.
Instrucción compleja
Por otra parte Pablo Romero, Fiscal del caso ha solicitado al juzgado que declare el procedimiento “instrucción compleja” por entender que la causa no podrá estar conclusa en los 18 meses que marca la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El fiscal entiende que se dan los requisitos revistos por la legislación para que la instrucción se extienda más allá de los 18 meses que marca la legislación “sin perjuicio de la posibilidad de solicitar una nueva prórroga de este plazo, si fuera necesario”.
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