La consellera de Justicia asegura que es «imprescindible que se sancionen los comportamientos incívicos que ponen en riesgo la salud»
Tras un mes de vigencia del Decreto Ley del régimen sancionador de medidas contra la propagación de la COVID-19, el Consell tramita un total de 3.606 denuncias de infracciones que afectan a 3.257 personas físicas y 249 negocios o establecimientos.
Así lo ha anunciado la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, al término de la reunión que ha mantenido este miércoles con responsables de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias para evaluar las iniciativas que se han puesto en marcha para frenar la propagación de la enfermedad.
Tal y como ha explicado la consellera, la Generalitat recibe al día unas 150 propuestas de sanción impuestas por las policías locales, la Unidad Adscrita, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Del conjunto de denuncias, el 96% son infracciones leves impuestas a personas que no llevaban la mascarilla o lo hacían de manera incorrecta.
Por provincias, la de València concentra el 47% de las sanciones, con 1.600 actas levantadas. Le sigue Alicante con el 32% (1.113) y Castellón con el 21% y 692 denuncias. Este número de denuncias durante este periodo aumentará ya que la Conselleria de Justicia las tramita conforme son remitidas por los distintos cuerpos y fuerzas de Seguridad y este proceso aún está abierto. Para agilizar la tramitación de los expedientes, la Conselleria ha incorporado a nueve funcionarios (tres por provincia) dedicados en exclusiva a esta tarea.
La consellera ha explicado que el decreto sancionador «tenía un marcado carácter disuasorio y no recaudatorio» y los fondos se destinarán a investigación sanitario.
Además, la norma se ha revelado «como un instrumento efectivo para garantizar el cumplimiento de las normas fijadas por las autoridades sanitarias». De las 3.257 personas sancionadas, 474 han reconocido la infracción y tendrán una rebaja del 40% en el importe de la sanción.
Bravo ha insistido en que la Generalitat está «haciendo todos los esfuerzos para evitar los nuevos contagios con dispositivos de seguridad» pero, en todo caso, es necesaria «la complicidad de toda la ciudadanía para evitar una transmisión comunitaria y para frenar esos 772 focos activos» registrados en la Comunitat Valenciana.
«La seguridad sanitaria es la base de la reactivación y la mejor política económica pasa, precisamente, por fortalecer la seguridad colectiva», ha asegurado.
Control de los locales sospechosos de prostitución
Por otra parte, la consellera ha anunciado que el dispositivo especial desplegado por la Unidad Adscrita, en colaboración con la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, para la inspección de los locales donde se sospecha que se ejerce la prostitución «se va a completar hasta llegar al cien por cien de los 143 establecimientos de estas características de los que tenemos constancia que existen en la Comunitat Valenciana».
Estas inspecciones se llevan a cabo bajo un doble amparo legal. Por una parte, el de la ley de espectáculos autonómica, que permite sancionar a aquellos locales donde se ejerza una actividad diferente a la que contempla su correspondiente licencia; por otra, la del mencionado decreto-ley de régimen sancionador de medidas contra la COVID-19 aprobado el pasado 26 de julio por el Pleno del Consell.
El dispositivo especial, puesto en marcha el pasado viernes, ha permitido la inspección de 37 de estos locales, de los cuales, 18 están en la provincia de Valencia, 13 en la de Alicante y 6 en la de Castellón.
En estas 37 inspecciones se ha propuesto sanción para diez establecimientos. En seis de ellos por tener licencia diferente a la actividad ejercida y en los otros cuatro por incumplimiento de medidas contra la COVID-19. Cuatro locales de València cerraron tras la inspección y sus responsables aseguraron que no volverían a abrir.
Al respecto, la consellera ha asegurado que la Generalitat «está actuando en el estricto marco de sus competencias» para afrontar un problema como el de la prostitución para el que hace falta un cambio legislativo profundo.
Por ello, la consellera de Justicia ha instado al Gobierno «a que aborde los cambios legislativos necesarios con una ley integral contra la trata porque no podemos consentir esa nueva forma de esclavitud».
Bravo ha explicado que es muy consciente de que la prostitución que se ejerce en estos locales «supone apenas el 20%» de todo el fenómeno y que el Código Penal solo castiga el proxenetismo, «por lo que la única solución es la abolición de la prostitución porque no es sino otra forma más de violencia y maltrato hacia las mujeres».
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