Oltra y Martínez Dalmau se han reunido para concretar los 5 millones que recibirán 169 ayuntamientos y mancomunidades para ayudas a la vivienda
La puesta en marcha de un plan de recuperación social que dedique una especial atención a aquellos colectivos que se han visto más afectados por las consecuencias de la pandemia sanitaria ocasionada por la COVID-19, al partir de una vulnerabilidad previa, será un objetivo prioritario para el Consell.
Así lo han manifestado la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, y el vicepresidente segundo y conseller Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, que se han reunido para concretar algunos de los aspectos que desarrolla el decreto que regula las ayudas del Consell en materia de vivienda destinadas a personas afectadas por la COVID-19 que deberán gestionar y adjudicar las entidades locales.
Ambos han destacado que medidas como esta, que cuenta con un presupuesto de 5 millones de euros para ayudas a la vivienda a los colectivos con mayor vulnerabilidad, como son personas sin hogar, mujeres víctimas de violencia de género, personas mayores o con diversidad funcional, «forman parte de este plan para que el impacto social se pueda amortiguar».
El objetivo, ha incidido la vicepresidenta, es que en la recuperación «se procure que para aquellos colectivos para los cuales ha sido más doloroso el impacto social de esta pandemia se pongan en marcha políticas que se enmarquen dentro del lema de rescatar personas, que caracteriza al Consell del Botànic».
Tanto Oltra como Dalmau han puesto en valor el trabajo conjunto de ambas conselleries, que ha permitido la aprobación de un decreto que tiene en cuenta criterios de vulnerabilidad social a la hora de crear ayudas que pueden llegar hasta los 600 euros, y que están destinadas fundamentalmente a los colectivos que más están padeciendo porque partían de una situación de vulnerabilidad previa.
El vicepresidente segundo ha destacado la importancia de este trabajo conjunto para «la nueva etapa de reconstrucción», y ha defendido que tanto los servicios sociales como la vivienda «son las dos primeras barreras de protección frente a la desigualdad social».
«Desde la Conselleria de Vivienda nos hemos comprometido desde el primer día a declarar el territorio valenciano libre de desahucios sin alternativa habitacional, y en esta perspectiva seguimos trabajando para ofrecer alternativas», ha manifestado Dalmau, quien ha incidido en que, si algo ha puesto de manifiesto el confinamiento, es que «tener un techo es indispensable».
Así, ha señalado que el decreto elaborado por ambas consellerias es muy importante «para proteger a las personas y colectivos más vulnerables y a quienes se han quedado fuera de otras ayudas frente en las consecuencias económicas y sociales de la COVID-19».
Decreto de ayudas
El decreto establece la concesión directa de ayudas para viviendas con el objetivo de paliar el impacto que está teniendo entre las personas más vulnerables la situación excepcional de emergencia sanitaria que está sufriendo el país.
La vicepresidenta ha explicado que las entidades locales son quienes mejor conocen las necesidades de sus vecinos y vecinas y, por tanto, es «imprescindible» la participación de los servicios sociales de atención primaria en la gestión e implantación de programas de este tipo, ya que pueden «diagnosticar y valorar la atención y satisfacción inmediata de las necesidades que en materia de vivienda tienen las personas que se encuentran en una situación económica y social de extrema gravedad».
Se trata de ayudas de concesión directa de carácter excepcional y singularizado articuladas con el objetivo de facilitar una solución habitacional inmediata a las personas víctimas de violencia de género, personas que hayan sufrido desahucio de su vivienda habitual, a las personas sin hogar y a otras especialmente vulnerables afectadas directa o indirectamente por la COVID-19.
Un total de 140 ayuntamientos y 29 mancomunidades de la Comunitat Valenciana se encargarán de gestionar las ayudas de 5 millones de euros y destinarlas para ayudar a estos colectivos poniendo a su disposición un alojamiento de titularidad pública de manera inmediata, o concediendo ayudas directas para el pago de alquiler o precio de la ocupación de inmuebles donde habitualmente residen las personas beneficiarias.
Las ayudas para alquiler podrán alcanzar el 100 % de la renta establecida con un límite de 600 euros al mes, que podrá ampliarse hasta los 900 euros en supuestos debidamente justificados. Además, se concederán ayudas para costes de mantenimiento, comunidad y suministros básicos hasta 200 euros mensuales.
Estas ayudas se concederán en un primer momento por un plazo de 1 año, prorrogable anualmente, hasta alcanzar el límite de 5 años.
Además de a las víctimas de violencia de género, de desahucio o lanzamiento de la vivienda habitual y personas sin hogar, los servicios sociales de atención primaria de los ayuntamientos serán los encargados de valorar y aconsejar la concesión de estas ayudas también a personas especialmente vulnerables como personas con problemas de salud mental, diversidad funcional, jóvenes extutelados por la Generalitat, personas mayores, migrantes o solicitantes de asilo entre otros.
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