La reincorporación a la actividad presencial ha supuesto reorganizar espacios y habilitar bibliotecas o salas de reuniones como despachos
El Pleno del Consell ha aprobado la contratación de emergencia de una bolsa de 1.170 puntos de red con el objetivo de atender las nuevas necesidades generadas en las sedes de la Generalitat como consecuencia de la reincorporación de los empleados públicos a la actividad presencial, que ha supuesto la reorganización de espacios y adecuación de despachos para garantizar las distancias mínimas de seguridad y prevenir nuevos contagios del coronavirus.
El objetivo de esta contratación, que se llevará a cabo a través de la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIC), es disponer de 1.170 nuevos puntos de red, de los cuales 700 son sin instalación eléctrica y 470 con tomas de corriente ordinarias, las denominadas ‘schuko’.
Las nuevas necesidades surgen porque se han habilitado como espacios de trabajo lugares que antes no disponían de puntos de red como bibliotecas o salas de reuniones, entre otros. Asimismo, se han solicitado también nuevos puntos de red para el personal que cambia de ubicación para mantener la distancia de seguridad, y para aquellos que ahora ya no pueden compartir los teléfonos IP.
En las instalaciones de Justicia, por ejemplo, el hecho de compartir teléfonos era, hasta este momento, una práctica habitual y hay peticiones a atender en todos los juzgados para la instalación de más de 1.300 nuevos teléfonos.
Las sedes donde puede solicitarse la instalación de estos puntos son las que dependen de la DGTIC y alcanzan toda la geografía de la Comunitat Valenciana, a excepción de las dependencias de carácter sanitario.
Suministro en menos de un mes
La adjudicación del servicio asciende a 311.696 euros (IVA incluido) y la contratación se limita a los servicios indispensables para satisfacer la necesidad sobrevenida. Además, se trata de una actuación inaplazable, que tiene que acometerse de manera inmediata por la incorporación presencial del personal funcionario.
En este sentido, el suministro se iniciará en un plazo inferior a un mes desde su notificación al adjudicatario. El contrato tendrá una duración de 9 meses, o inferior, en caso de que entre en vigor el acuerdo marco de cableado de la Generalitat, actualmente en tramitación.
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