Se crea el Catálogo especial de playas y se establecen los criterios para la elaboración de planes de seguridad y salvamento y de contingencia
El Consell ha aprobado el decreto por el que se regulan las medidas para la aplicación de las normas e instrucciones para la seguridad humana y para la coordinación de las emergencias ordinarias y de protección civil en las playas de la Comunitat Valenciana.
La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha explicado, durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno valenciano, que la norma, que se dicta en el marco de la Ley 13/2010, de Protección Civil y Gestión de Emergencias, «tiene como finalidad procurar las mayores cotas de garantía para la seguridad de las personas, dado el gran número de playas de nuestro territorio».
De este modo, a raíz del decreto aprobado por el Consell, se crea el Catálogo especial de playas, que permitirá, según ha asegurado la vicepresidenta, «conocer los tipos de playas y su clasificación por municipios; si tienen tramos prohibidos o peligrosos, sus características físicas y los servicios que tienen, tanto de salvamento como para las personas usuarias».
Además, se establecen los criterios para la elaboración de los planes de seguridad y salvamento de playas, que tendrán que preparar los ayuntamientos en el plazo de un año.
Oltra ha indicado que estos planes «serán obligatorios para aquellas playas peligrosas que tengan un grado de protección moderado o alto».
Otro de los aspectos que recoge el decreto es la elaboración de un plan de contingencia específico para dar respuesta a determinadas situaciones de alerta o emergencia y en el que se expondrán las medidas para proteger la seguridad de las personas usuarias.
La vicepresidenta ha explicado que este plan de contingencia, que se integrará en el plan de seguridad y salvamento, «es el instrumento necesario para poder preparar las playas frente a la COVID-19».
A este respecto, Oltra ha indicado que las corporaciones locales tendrán 15 días, desde la publicación del decreto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), para elaborar este plan de contingencia y comunicar a la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública «las medidas que han adoptado para hacer frente a la pandemia; las medidas de autoprotección; carteles informativos; señalización; aforo de la playa y el refuerzo del equipo de salvamento, limpieza y vigilancia».
Medidas frente a la COVID-19
Por otra parte, el Consell ha validado la adopción de medidas de protección, con carácter urgente, en el sector de los servicios sociales; en centros dependientes de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática y de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica; y en los aeropuertos de Manises y Alicante-Elche, por un importe superior a los 5 millones de euros.
En lo que respecta al sector de los servicios sociales, la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha adquirido material de protección individual y equipamiento, por importe de 5 millones de euros, para «continuar trabajando en la contención del virus de personas, residencias y centros competencia de la conselleria», ha asegurado Oltra.
Asimismo, a propuesta de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, el Consell ha aprobado la contratación de Cruz Roja, por un presupuesto de 30.780 euros, para realizar los servicios de vigilancia y control del cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias de carácter general a los viajeros y viajeras de los aeropuertos Elche-Alicante y Manises-València.
El objetivo es garantizar el cumplimiento de las medidas de protección como consecuencia de la normativa aplicable de la COVID-19 en las diferentes fases de la desescalada.
Finalmente, la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática y la Conselleria de Agricultura han adquirido mamparas protectoras, dispensadores de gel hidroalcohólico y mascarillas higiénicas y quirúrgicas, por un importe global cercano a los 60.000 euros, para evitar la propagación del virus y garantizar la protección de la salud en los centros dependientes de cada conselleria, en especial del personal de atención al público.
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