El Congreso culmina el reconocimiento del Juzgado de Aguas de Orihuela como Tribunal Consuetudinario y Tradicional

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El Pleno de la Cámara Baja ha aprobado la modificación de la LOPJ necesaria para realizar esta declaración a la institución, que data del siglo XIII

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para culminar el reconocimiento al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela como Tribunal Tradicional y Consuetudinario.

De esta forma, adquiere la misma relevancia jurisdiccional con la que cuentan el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia y el Consejo de Hombres Buenos de Murcia.

El oriolano, Juan Ignacio López-Bas, diputado nacional por Ciudadanos, ha manifestado ante la Cámara Baja la importancia de este reconocimiento para una institución que data del siglo XIII.

“Estamos ante instituciones antiguas, incluso más de lo que se reconoce. En el Caso del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela su historia va mucho más allá de 1275 con el decreto de Alfonso X el Sabio a los regantes para que pudieran mantener sus sistemas de riego tradicional. Si ese privilegió se oficializó en ese momento es porque ya existía de manera obvia una cultura del uso del agua que se estimó esencial mantener vigente”, ha indicado Bas durante su comparecencia.

El Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, que cuenta con más de 1.500 regantes, es una entidad jurisdiccional y de gobierno en los temas relativos de agua y riego que cuenta con siglos de historia.

El camino para este reconocimiento no ha sido fácil. Se han necesitado casi diez años para lograrlo. Los trámites se iniciaron a finales del año 2012 cuando la Junta de Síndicos y Electos del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela materializó el acuerdo para solicitar a los Plenos Corporativos del Ayuntamiento de Orihuela, de los de la Vega Baja, y de la Diputación Provincial de Alicante la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y se materializa hoy con su aprobación en el Congreso de los Diputados.

Los tribunales consuetudinarios y tradicionales están reconocidos en la Constitución Española de 1978, que en su artículo 125 introduce la posibilidad de que los ciudadanos puedan ejercer la acción popular y participar en la administración de justicia ante dichos tribunales.

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