Los populares votaron en contra de realizar un suplemento de crédito de 1,2 millones de euros para afrontar las expropiaciones de la N-332
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha dado al Ayuntamiento de Orihuela un plazo de veinte días para abonar 1,2 millones de euros a los propietarios de viviendas expropiadas en 2008 por el desdoblamiento de la N-322. Una cantidad de la que disponen las arcas municipales pero que el equipo de gobierno no puede desembolsar sin aprobar previamente un suplemento de pago destinado a este fin.
El bipartito presentó en el Pleno del pasado mes de julio este suplemento de pago pero la iniciativa fue rechazada por todos los concejales populares y por los ediles no adscritos, Bob Houliston y Asun Mayoral.
En relación a esto, el alcalde Monserrate Guillén acompañado por la edil de Hacienda, Carolina Gracia, ha anunciado que esta misma mañana han interpuesto en los Juzgados de Orihuela una denuncia al grupo municipal popular porque consideran que los ediles que votaron en contra podrían haber incurrido en un delito de “desobediencia”, ya que además fueron advertidos en Pleno por el regidor oriolano de que no aprobar el suplemento de crédito conllevaría no poder cumplir las sentencias judiciales del TSJ que, en estos momentos, ascienden a 1,2 millones de euros.
Carolina Gracia ha explicado que la denuncia ha sido interpuesta en virtud al Artículo 410 del Código Penal donde se especifica que “el cargo público que a sabiendas que con su voto en contra está negando el cobro» de una sentencia judicial puede incurrir en un delito.
La edil ha asegurado que el Partido Popular actúo con “irresponsabilidad” al votar en contra de realizar un suplemento de crédito para acabar con este asunto que se remonta a 2008, cuando los propietarios expropiados por el desdoblamiento de la N-332 acudieron al Tribunal Provincial de Expropiaciones al considerar que el dinero que el Ayuntamiento les había abonado por sus viviendas no se ajustaba al precio real.
A partir de ahí, el TSJ ha emitido varias sentencias en las que obliga al Consistorio a abonar a los propietarios una cantidad de dinero superior a la abonada en un principio por esas expropiaciones.
El bipartito volverá a llevar al próximo Pleno una modificación presupuestaria de 1,2 millones de euros para hacer frente a las sentencias del TSJ. En este sentido, Gracia ha anunciado que si la negativa de los populares continúa la única solución posible es ampliar la denuncia interpuesta hoy.
“Entendemos que con su decisión el PP está perjudicando a Orihuela y a sus ciudadanos. La administración está obligada a hacer todo lo necesario para llevar a cabo de las sentencias, los populares lo saben y saben perfectamente que votando en contra del suplemento de gasto están obstruyendo el cumplimiento de sentencias judiciales”, ha dicho la edil de Hacienda.
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